A través de un acuerdo votado por la mayoría, el Legislativo declaró “nulos todos los contratos de servicios en los que intervengan empresas privadas referentes a la exploración, explotación, recolección, transporte y almacenamiento inicial de los yacimientos de hidrocarburos” y que no hayan sido aprobados por el Parlamento.
Pdvsa firmó a finales de agosto pasado contratos con 14 empresas prestadoras de servicios que le ayudarán, dijo entonces el presidente Nicolás Maduro, a incrementar su bombeo.
Además, el país rubricó hace una semana una batería de acuerdos con empresas estatales chinas, entre ellas petroleras, aunque no se conocen los detalles de estos aún.
Venezuela espera que estos acuerdos permitan desarrollar la llamada Faja Petrolífera del Orinoco, una región de más de 600 kilómetros de longitud con vastos depósitos de crudo pesado y extrapesado.
Según datos del último informe de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), de la que Venezuela es miembro fundador, la nación caribeña experimenta una marcada merma en su producción, que promedió los 1,23 millones de barriles diarios (mbd) en agosto tras continuar a la baja.
Ese bombeo es 40 % inferior al promedio registrado durante el año 2016, de 2,154 mbd, según cálculos basados en “fuentes secundarias” del cártel petrolero.
Esta producción es, además, la más baja que registra el país con las mayores reservas probadas de crudo en el mundo en las últimas 3 décadas.
Con todo, según el último reporte -el 14 de julio- que ofreció Venezuela sobre la producción petrolera, su bombeo se sitúa en 1,57 millones de barriles por día, pese a que planes trazados por el fallecido presidente Hugo Chávez estimaban elevar la producción a 6 millones de barriles por día antes de 2019.
El Parlamento venezolano fue declarado en desacato por el Supremo hace ya varios meses, y sus decisiones no son tomadas en cuenta por el Ejecutivo.
Con información El Estimulo