Con motivo del Día Mundial del Refugiado, la Asamblea Nacional (AN) aprobó un acuerdo en el que solicitó a los países de acogida de la región reconocer como refugiados a los migrantes venezolanos, tal  como lo recomendó la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur). Los diputados alertaron que el limbo legal en el que se encuentran muchos connacionales les impide tener acceso al mercado laboral para procurarse un sustento y a servicios de salud, lo que los coloca en situaciones precarias.

“La Acnur recomendó a los países de acogida reconocernos como refugiados, basada en la declaración de Cartagena de 1981, lamentablemente, muy pocos han sido los países que siguieron esta recomendación. Solo Brasil, por ejemplo y un poco Paraguay han dado un reconocimiento grupal. Brasil de 129 mil solicitudes, 37 mil han sido reconocidos como refugiados. En el caso de Estados Unidos de 108 mil también hay un número importante de reconocidos, Perú, donde 482 mil han solicitado refugio, solo 1.225 han sido reconocidos”, expresó el diputado Jony Rahal.

El legislador recordó  que con la Declaración de Cartagena en 1981 se  amplió el  concepto de refugiado de la Convención de Ginebra de 1951 que establece que los ciudadanos que han huido de su país, temiendo por su vida, seguridad y libertad tienen derecho a estatus de refugiado en la nación de acogida. La ampliación consistió en considerar como refugiado a todo aquel  ciudadano que ha tenido que huir de su país por violaciones masivas de derechos, aplicable al caso venezolano.

En el debate sobre el punto se destacó que la cifra de migrantes venezolanos se ubica en 5,5 millones, de los cuales 3 millones y medio se encuentran en Suramérica en condiciones de vulnerabilidad. También se advirtió que algunos migrantes cuentan con permisos temporales de permanencia  o han logrado tramitar carnet de extranjería, pero que una cantidad importante está en situación de ilegalidad, sin acceso a la salud y a la alimentación.

“Solicitamos  al  Grupo de Lima más apoyo, a los países de la OEA para que se ejerza mayor presión contra el régimen. Si este año no salimos de la dictadura, que sepan los países que las cifras (de migrantes) van a duplicarse, mientras tanto necesitamos que se les otorgue el estatus de refugiados”, instó Rahal.

“Guerra de la dictadura”

Durante la sesión online, el presidente encargado y de la AN, Juan Guaidó aseguró que los venezolanos huyen de “la guerra de la dictadura” de Nicolás Maduro contra el pueblo a través de la infiltración cubana y las prácticas de tortura contra civiles presos y militares. A través de la aplicación Zoom, mostró un mapamundi con la distribución de venezolanos en el mundo para que se comprenda la magnitud del problema.

Los parlamentarios hicieron además hincapié en la difícil situación por la que están atravesando los venezolanos en la frontera, especialmente con Colombia, por las restricciones impuestas por el régimen de Maduro para su reingreso al país dado el aumento de cifras de la pandemia, lo que los ha expuesto al COVID-19 y a ser víctimas de mafias, por aglomeraciones improvisadas en la frontera. A la fecha el diputado Richard Blanco reportó el retorno de más de 70 mil personas, provenientes de ese país pero sin sustento ni atención adecuada.

Al respecto, la diputada Gaby Arellano agradeció la labor humanitaria de distintas ONG pero advirtió que no es suficiente. Emplazó a la ONU a coordinar programas masivos de atención  a los migrantes y especialmente que se establezcan campamentos humanitarios en la frontera para que se les atienda de una forma adecuada.

En el acuerdo se solicitó además a los países de acogida de migrantes venezolanos que se eviten políticas con restricciones migratorias y prácticas xenofóbicas, así  como los desalojos masivos de las viviendas.  Así mismo, que se adopten medidas como la emisión de una tarjeta regional como mecanismo de identidad a los refugiados para facilitarles el acceso a sus derechos y que se tome en cuenta que los connacionales no salen de Venezuela porque quieran sino porque se ven obligados.

El 19 de junio,  Acnur incorporó una nueva categoría para referirse a la diáspora venezolana: “venezolanos desplazados en el extranjero”, en su informe Globales 2019. Para Ligia Bolívar,  socióloga e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), esta calificación es inexistente en el derecho internacional y no amplía derechos sino los quita. Acusó presiones de la Oficina Internacional de Migraciones (OIM) por un tema político y de recursos.

Con información de Efecto Cocuyo

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