La duración de los estados de emergencia económica será «de hasta 60 días, prorrogable por un plazo igual», dice el artículo 338 de la Constitución, y sobre los estados de excepción agrega que «la aprobación de la prórroga corresponde a la Asamblea Nacional». El decreto número 2323, emitido por el Ejecutivo en mayo, que incluye ambos mecanismos, fue reprobado por la Asamblea en esa ocasión y su prórroga, avalada por Nicolás Maduro el 12 de julio, fue negada ayer.
En el breve debate solo intervinieron tres diputados. José Guerra, de la MUD, enfatizó sobre el deterioro de todos los indicadores desde el primer decreto: «El poder adquisitivo cayó 40%. El pueblo ha sido la víctima de este decreto de emergencia económica».
Omar Barboza, también de la MUD, dio la explicación constitucional para rechazar la extensión: «Si los argumentos fueran muy buenos, aun así no podríamos aprobarla sin violar la Constitución, que solo permite una prórroga y no dos. Además de la improcedencia de los argumentos económicos, el planteamiento es inconstitucional».
Limitación económica. Gustavo Sosa, abogado y profesor de Derecho Constitucional, afirmó que el decreto está viciado de nulidad desde la primera vez que se declaró y no fue aprobado por los diputados. «La carta magna establece que debe ser autorizado por la Asamblea Nacional y por la Sala Constitucional del TSJ, si alguno de los poderes no lo aprueba el decreto deja de tener vigencia».
Reiteró que si el presidente insiste en proseguir con un decreto de emergencia, los actos que de él se deriven son nulos y acarrean responsabilidad civil, penal y administrativa.
El economista Orlando Ochoa añadió que la aplicación del decreto seguirá limitando las operaciones financieras con inversionistas extranjeros. «Prorrogar un estado de excepción, que no está cubierto por el Poder Legislativo, es una advertencia incluso para los bancos que pudieran considerar hacer las operaciones cambiarias, ahora que Citibank decidió cerrar las cuentas del BCV, de Pdvsa y del Banco de Venezuela».
Aseguró que ya hay planes firmados por el presidente que están paralizados porque no cuentan con el aval del Parlamento, como el del Arco Minero. «No se va a firmar más nada mientras no se resuelvan las diferencias entre los poderes».
El diputado y presidente de la Subcomisión de Deuda y Crédito Público de la Asamblea, Sergio Vergara, coincidió con Ochoa. Dijo que ningún organismo internacional está dispuesto a darle crédito al gobierno si la petición no tiene antes la aprobación del Legislativo.
El DATO:
La desaprobación de la prórroga se efectuó ayer en una sesión especial convocada de urgencia por la junta directiva al inicio de la sesión ordinaria previamente fijada, pese a que el Ejecutivo no remitió oportunamente la solicitud al Legislativo. «La Sala Constitucional del TSJ fijó jurisprudencia según la cual la Asamblea tiene un máximo de 48 horas para dar la discusión», dijo el presidente del Parlamento, Henry Ramos Allup.
FUENTE: EL NACIONAL