El director del Foro Penal, Alfredo Romero, informó que hasta ayer a las 3:00 pm había 37 personas privadas de libertad.
Mientras el gobierno de Nicolás Maduro insiste en la paz y la reconciliación, los cuerpos de seguridad del Estado demuestran lo contrario con sus actuaciones, pues en los últimos días la represión contra los opositores ha aumentado y así lo confirma la cifra de 126 detenciones políticas en el país hasta ayer a las 3:00 pm, de acuerdo con la estadística aportada por la ONG Foro Penal Venezolano.
Estas aprehensiones han sido catalogadas de arbitrarias y ocurrieron entre los días antes de la Toma de Caracas y las horas siguientes. Alfredo Romero, director de la ONG, explicó en su cuenta de Twitter que el mayor número de arrestos ocurrió el 1 de septiembre, con 81 casos. Del total de privados de libertad, 86 fueron liberados y 37 permanecen tras las rejas.
Entre las detenciones más recientes se encuentra la de Delson Guarate, alcalde del municipio Mario Briceño Iragorry, del estado Aragua. El coordinador regional del partido Voluntad Popular, Rolman Rojas, informó que el mandatario local fue retenido ayer en la madrugada y fue trasladado a la sede del Sebin en Maracay. Horas después los funcionarios policiales allanaron su vivienda.
“El gobierno tiene miedo y se encuentra muy asustado porque sabe que va de salida y que perdió el respaldo popular. La situación del país no se arreglará deteniendo a dirigentes políticos, la crisis se acaba si se toman las medidas correctas”, afirmó Rojas.
Ayer en la tarde, la Asociación de Alcaldes por Venezuela condenó la nueva actuación del gobierno en contra de un mandatario municipal no afecto al chavismo. “En los últimos días hemos sido testigos de la arremetida del gobierno nacional hacia quienes piensan distinto. Nuevamente condenamos la violación de la Constitución y las libertades políticas. Exigimos que cese la persecución de los alcaldes de la Unidad solo por oponerse al gobierno de Nicolás Maduro”, refiere un comunicado de la organización.
Audiencias. Ayer estaba previsto que se hicieran las audiencias de presentación de los dirigentes políticos Yon Goicoechea (Voluntad Popular) y Carlos Melo (Avanzada Progresista). La de Goicoechea empezó a las 2:00 pm y la diputada Manuela Bolívar aseguró que se ignoraban los cargos que le imputaban. “La Fiscalía no se ha pronunciado, solo hay declaraciones de voceros del PSUV, pero nada es oficial. La defensa va a un juicio sin conocer los delitos”, expresó.
Mientras, el inicio del proceso contra Melo fue pospuesto para hoy. La presidente de Fundeci, Elenis Rodríguez, informó que el motivo del diferimiento se debió a una petición de la Fiscalía para que se separara la causa que compartía con Goicoechea. En ese caso también se desconocen los delitos y ratificó que la detención fue arbitraria.
Juan José Molina, secretario general de Avanzada Progresista, reiteró que las acusaciones contra el dirigente son falsas. “Todas esas supuestas pruebas son infundadas, Carlos Melo no ha tenido mayores actitudes más allá que la movida política. Nos preocupa la actuación arbitraria del gobierno”.
Ataque. Rubén Luenga, alcalde encargado del municipio San Cristóbal, señaló a los organismos de seguridad por atacar a las personas que buscaron resguardo en el Cuerpo de Bomberos de esta ciudad, cuando eran agredidos por motorizados armados que llegaron al Obelisco de los Italianos, sitio de la concentración de la oposición este 1 de septiembre.
“El refugio de los ciudadanos era el Cuerpo de Bomberos y los disparos que se hicieron estaban dirigidos hacia la sede de esta institución”, dijo Luenga, quien negó que los funcionarios bomberiles hayan respondido con piedras, según algunas versiones que trascendieron en organismos policiales que enfrentaron a los manifestantes. En el sitio se resguardaron alrededor de 60 personas.
FUENTE: EL NACIONAL
03 DE SEPTIEMBRE DE 2016