Organizaciones No Gubernamentales y especialistas elaboran informe para presentarlo ante instancias de gobierno e instancias internacionales
“Uno de los efectos más perniciosos de la impunidad es que es un resorte que estimula la inseguridad, eso lo evidenciamos en Venezuela donde la impunidad alcanza el 98% y terminó impulsando las cifras de inseguridad que nos convirtieron en el país más violentos del mundo el año pasado en el que murieron 28 mil 470 personas en hechos violentos, de acuerdo al balance presentado por el Observatorio Venezolano de Violencia”, señaló el padre Raúl Hernández de la Dirección de Derechos Humanos de la Universidad Central de Venezuela (UCV)
Las cifras de impunidad y de muertes violentas fueron suministradas por directivos de cinco Organizaciones No Gubernamentales y especialistas quienes se dieron cita para analizar el tema de la inseguridad en Venezuela y elaborar propuestas que serán presentadas ante la Vicepresidencia de la_República; Ministerio de Interior, Justicia y Paz; la Defensoría del Pueblo; el Ministerio Público; el Tribunal Supremo de Justicia y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
Humberto Prado, señaló que el evento reunió a los observatorios venezolanos de Violencia y de Prisiones a Paz Activa, la Dirección de Derechos Humanos de la UCV, la ONG Acceso a la Justicia y a otros especialistas.
Prado aseguró que las prisiones venezolanas viven bajo un doble discurso. “Hay 56 mil presos en las cárceles del ministerio de Asuntos Penitenciarios, pero hay más de 33 mil presos en los calabozos de las comisarías policiales, cuyos derechos han sido violados de todas las formas posibles”.
Laura Louza, de Acceso a la Justicia, señaló que en Venezuela hay 2.099 jueces, lo que representa 6,75 jueces por cada 100 mil habitantes, criticó que el presupuesto del poder judicial sea menos del de la mitad en comparación con el año 2001, “lo que se refleja en la efectividad de los tribunales”.
Destacó que 73% de los jueces no son titulares, sino accidentales, o sea designados a dedo, lo que genera una situación de inestabilidad para los integrantes del poder judicial, esta situación podría ser una de las causas en la caída a casi al 10% en la resolución de los casos, lo que terminaría explicando la elevada impunidad.
Luis Izquiel acotó que la inseguridad genera retraso para el país, citó ejemplos de las pérdidas por robo y matanza de ganado, saqueo de granjas y cosechas, robo de vehículos y la caída del turismo, que implica una pérdida de 30% en el PIB.
Luis Cedeño, de Paz Activa, cuestionó que no hayan investigaciones abiertas por el llamado “Billetazo” de finales del año pasado, “suceso que tiene las mismas características de las Guarimbas de 2014, con daños materiales y pérdidas de vidas humanas y no haya ninguna investigación abierta sobre las responsabilidades de esos hechos”.
Finalmente el padre Hernández llamó a tener “un realismo esperanzado, no podemos ser 100% pesimistas u optimistas, nosotros somos responsables del país que queremos”.
Fuente: El Universal
Fecha: 07 de marzo de 2017