A la Tesorería del estado Miranda siguen sin ingresar los recursos que constitucionalmente corresponden a la entidad y que deben ser transferidos por el Gobierno Nacional. Aún este 3 de agosto no se tenía reporte del depósito correspondiente a las quincenas del mes de julio, lo que el gobernador Henrique Capriles, definió como “una asfixia financiera”.
El numeral 4 del artículo 167 de la Carta Magna establece que “el situado es una partida equivalente a un máximo del 20% del total de los ingresos ordinarios estimados anualmente por el Fisco Nacional, la cual se distribuirá entre los Estados y el Distrito Capital en la forma siguiente: un 30% de dicho porcentaje por partes iguales, y el 70% restante en proporción a la población de dichas entidades”, es decir, que la no transferencia de estos recursos es una violación del texto constitucional.
La distribución viene dada por el peso poblacional de cada estado y a Miranda le corresponde aproximadamente el 8% de esos ingresos. “Están cometiendo delito, no pueden retenerle el situado constitucional a una gobernación”, aseveró el Gobernador al ratificar que “la quincena de los trabajadores es sagrada”.
El mismo artículo también contempla que en “caso de variaciones de los ingresos del Fisco Nacional que impongan una modificación del Presupuesto Nacional, se efectuará un reajuste proporcional del situado” y que “la ley establecerá los principios, normas y procedimientos que propendan a garantizar el uso correcto y eficiente de los recursos provenientes del situado constitucional y de la participación en el mismo”.
Capriles denunció que la deuda del gobierno nacional con los servidores públicos mirandinos asciende a 56 mil 300 millones de bolívares, productos de los anuncios de ajustes salariales que se han efectuado sin que se hayan enviado los recursos para honrarlos. También dijo que este déficit equivale a lo que era anteriormente el presupuesto de cinco años del estado.
Desde 2015, voceros de la Unidad vienen denunciando que lejos de apoyar el modelo descentralizador que contempla la Constitución, el Gobierno ha venido implementando una política de debilitamiento de las regiones, mediante el funcionamiento de instancias de gobierno y administración de recursos paralelas a las gobernaciones y alcaldías, lo que debilita la inversión directa que gobernadores y alcaldes estén en capacidad de hacer.
En los últimos años, las regiones han vivido un proceso sostenido de reducción de competencias y funciones a través de la aprobación de leyes y decretos: – 2009: Reforma de la Ley Orgánica de Descentralización. Ley del Consejo Federal de Gobierno. Ley Especial de Distrito Capital. Ley de Consejos Comunales. – 2010: Reforma de la Ley Orgánica de la FANB (crea las Regiones y Zonas Estratégicas de Defensa Integral. Ley del Poder Popular y Ley de Comunas. – 2013: Decreto de creación de las Regiones Estratégicas de Desarrollo Integral. – 2008 a 2013: Creación de Corpolara, Corpomiranda y Corpoamazonas (las tres gobernaciones que no están en manos del Psuv).
Otros estatutos legales como La Ley del Consejo Federal de Gobierno, contiene aspectos que no están avalados por la Constitución. Por ejemplo, permite al gobierno quitarle 46% del presupuesto de las gobernaciones y alcaldías por situado y destinarlo, de manera directa y arbitraria, a los Consejos Comunales, los cuales no rinden cuentas ni son fiscalizados.
Fuente: Prensa Henrique Capriles
Fecha: 03 de agosto de 2017