En Venezuela, la comunidad universitaria es la única interesada en mantener la universidad en pie, debido a la inobservancia del Estado en el cumplimiento de su responsabilidad de garantizar la educación superior en el país.
Actualmente, la academia se ha visto afectada por la emergencia humanitaria compleja que enfrenta Venezuela, acompañada de una asfixia presupuestaria que el Estado ha implementado contra las universidades autónomas del país, traduciéndose en un colapso generalizado: imposibilidad de mantenimiento e inversión, deterioro en la infraestructura, fallas del servicio eléctrico, y como consecuencia, la migración forzada de estudiantes y académicos, lo cual ha producido un incremento en los índices de deserción universitaria; estos factores marcarán el inicio de año en las universidades del país.
El Consejo Universitario de la Universidad del Zulia, en sesión permanente desde septiembre, acordó por unanimidad en la reunión de fecha 15 de octubre de 2018, aprobar la emergencia humanitaria de la institución y adherirse a la declaratoria de emergencia humanitaria compleja en el sector educativo emitida por la Asamblea Nacional de Venezuela el pasado 25 de septiembre, fundamentada en la confluencia de las condiciones negativas extremas de vida que ha alcanzado su comunidad docente, estudiantil, administrativa y obrera, la cual ya se encuentra en evidente estado de colapso, tanto en su rutina diaria como dentro del ámbito institucional, producto de la indiferencia e ineficiencia gubernamental frente a los grandes problemas que afectan al país y sus continuos errores en el ámbito económico, político y social.
En dicha declaratoria La Universidad del Zulia resalta que “en el ámbito institucional, se evidencia la crisis y agonía de la educación de calidad, debido a la migración forzada del talento humano, el alto deterioro de la infraestructura, la obsolescencia de la plataforma tecnológica y la dificultad para la adquisición de insumos imprescindibles para el desarrollo de las funciones medulares: docencia, investigación y extensión”.
Estos hechos han producido deficientes condiciones de los espacios de trabajo y de los espacios para la enseñanza, causando un gran colapso institucional y administrativo, lo que puede devenir en la paralización o cierre de la universidad, vulnerando así los derechos humanos en el ámbito universitario; libertad académica y autonomía universitaria.
Un reflejo de lo anterior es la consigna utilizada por los estudiantes de LUZ La luz se va, pero en nosotros nunca se apaga, quienes denunciaron en octubre de 2018 tener alrededor de 2 meses continuos sin electricidad en la Facultad Experimental de Ciencias (FEC). De igual forma, una de las dependencias de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales (Faces) de la Universidad del Zulia ha permanecido por casi 6 meses sin servicio eléctrico.
La Facultad de Ciencias de la Universidad de Zulia (LUZ) es una de las más colapsadas, porque además de la falta de servicio eléctrico, se presenta la indisponibilidad de aires acondicionados, los cuales se hacen considerablemente necesarios tomando en cuenta los altos niveles de temperatura y sensación térmica de Maracaibo, una de las ciudades más calurosas del país.
Decanos de distintas facultades afirman que la carencia de aires acondicionados repercute en el desmejoro de la infraestructura y las condiciones laborales, al verse también afectadas las facultades de Arquitectura y Diseño, Ingeniería, Ciencias Económicas y Sociales, Experimental de Arte, Humanidades y Educación, Experimental de Ciencias y Odontología.
Todos cercados
Por si fuera poco, pensar en los recursos para invertir en la mejora de las condiciones de la universidad resulta una ficción. Hugo Barboza, decano de la Facultad Experimental de Arte, indicó que no se reciben los recursos para el funcionamiento de la universidad. “En agosto fue la última vez que recibimos recursos, fueron 1.470 bolívares, con los que no se compran ni 2 resmas de papel”, señaló el decano.
Por su parte, la Facultad de Arquitectura y Diseño tampoco cuenta con los recursos para atender el mantenimiento de las instalaciones ni adquirir químicos y productos de limpieza para el aseo de la facultad. La decana Susana Gómez manifestó con preocupación al respecto: “Tenemos deudas que no hemos podido honrar y nos informaron que apenas fue enviado el 6,5% de lo que se había solicitado por gastos causados, es decir, por deudas ya adquiridas”.
Lo que genera mayor preocupación es que esta situación se hace irreversible, y La Universidad del Zulia se encaminó al borde del abismo, el presupuesto para el ejercicio fiscal de 2019 tendrá un déficit de 99,86%, de acuerdo con las estimaciones de la Dirección General de Planificación. De los Bs.S 667.849.997.430 solicitados por la Universidad del Zulia para su funcionamiento durante el 2019, solo fueron aprobados y asignados Bs.S 933.583.563, apenas un 0,14%, este monto aprobado por el Gobierno nacional se convierte en la asignación deficitaria más alta de toda la historia de la universidad venezolana.
Ahora bien, el presidente de la República Nicolás Maduro en cadena presidencial del 21 de noviembre en el marco del Día del Estudiante Universitario, el mandatario nacional, anunció la creación de “nueve universidades politécnicas territoriales, y ofreció 20.000 becas universitarias para los jóvenes colombianos que deseen estudiar en casas de estudios venezolanas ante la precaria situación de los centros educativos en Colombia”, señalando que en están paradas por falta de presupuesto. Los estudiantes hacen paros y son reprimidos por las autoridades.
Mientras tanto, las universidades autónomas del país, de largo reconocimiento en el exterior como la Universidad Central de Venezuela UCV, la Universidad Simón Bolívar (USM), la Universidad de Carabobo (UC), la Universidad de Oriente (UDO), Universidad del Zulia (LUZ) y la Universidad de los Andes (ULA), entre muchas otras, se mantienen con un presupuesto que no cubre ni siquiera el 5% de los gastos de funcionamiento de los recintos.
Es inaceptable que el Estado permanezca inobservante ante la grave crisis que enfrenta la universidad venezolana, por tanto desde Aula Abierta instamos al Estado a que atienda su responsabilidad de garantizar la educación de calidad y sin limitaciones como su función indeclinable y de máximo interés, tal como se consagra en el artículo 102 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los instrumentos de protección universal de derechos humanos, tales como, los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Recomendación relativa a la Condición del Personal Docente de la Enseñanza Superior de Unesco 1997, el artículo 13 Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales Protocolo de San Salvador, la Convención Relativa a la Lucha Contra las Discriminaciones en la Esfera de la Enseñanza, la Declaración de Lima sobre Libertad Académica y Autonomía de las Instituciones de Educación Superior, la Recomendación Relativa a la Condición del Personal Docente de la Educación Superior. (Unesco), la Observación General N° 13 del Comité Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, siempre bajo el respeto de la libertad académica y la autonomía universitaria, para garantizar así la democracia en Venezuela. (Aula Abierta)
Con información de Correo del Caroní