Desde el 16 de marzo cuando el gobierno de Nicolás Maduro anunció el incremento de casos por COVID-19 en Venezuela, las violaciones a la libertad de expresión han aumentado, al punto que desde el Colegio Nacional de Periodistas, la Asamblea Nacional (AN), la ONG Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) han contabilizado 120 atropellos al ejercicio de la prensa, entre las que destacan 18 detenciones a periodistas, intimidaciones, amenazas, hostigamiento judicial, paralización de la circulación impresa de dos periódicos y el cierre de cuatro emisoras radiales.
«En Venezuela el derecho de conocer información oportuna y transparente se ha cercenado sobre todo en un momento cuando es vital orientar a la ciudadanía sobre la pandemia; ayudar a prevenir contagios e incluso para salvar vidas», es la opinión de la diputada Amelia Belisario, presidenta de la Comisión de Medios de la AN, al referirse a la serie de restricciones que el gobierno ha impuesto contra todo periodista o ciudadano que intente contrariar o cotejar las cifras oficiales de contagiados o fallecidos de coronavirus, colocando al periodismo de investigación contra la pared a la hora de comprender la curva de casos que la pandemia tiene en el país.
Las limitaciones impuestas van desde no garantizar a los medios el combustible para seguir operando al máximo de su capacidad a pesar de ser un servicio público. Por este motivo el diario LA PRENSA DE LARA dejó de circular el pasado 23 hasta el 30 de marzo, limitando su publicación impresa sólo a los días lunes, miércoles y viernes, debido a que ha sido imposible que todo el personal se despliegue en sus labores de rutina.
El impreso La Calle del estado Carabobo, también paralizó su circulación el 30 de marzo por sufrir el racionamiento de gasolina. Marisabel Rodríguez, directora del Programa del Observatorio Social de Espacio Público, indicó que en el contexto de alarma nacional que decretó Maduro, el Estado impone esquemas de orden y de vigilancia masiva.
«Ya tenemos cuatro años con un Estado de Excepción que ha infringido la Constitución en vez de estar alerta a la emergencia sanitaria, ahora con la cuarentena social han limitado la libre circulación de periodistas aun cuando en un principio el Ministro de Defensa Vladimir Padrino López, indicara que los trabajadores de medios iban a tener salvoconductos. Esta orden cambió una vez el decreto fue publicado en Gaceta Oficial», resaltó.
Daniela Alvarado, coordinadora de Libertades Informativas de IPYS, sostiene que el mayor número de casos de vulneración del ejercicio a los medios y periodistas lo han registrado durante coberturas informativas y alega que los funcionarios de seguridad ejercen un mismo patrón de comportamiento contra los comunicadores sociales. «Los agreden, impiden la cobertura, confiscan equipos, revisan, borran material y practican detenciones breves o hasta abren procedimientos judiciales».
«Las intimidaciones van incluso contra comunicadores que han publicado desde sus cuentas personales de redes sociales, información relacionada con el coronavirus en Venezuela, como el caso del periodista Darvinson Rojas, quien permaneció 13 días detenido en Caracas por publicar una cifra de casos que dio el gobernador de Miranda Héctor Rodríguez que contradecían las oficiales que informara el 21 de marzo la vicepresidencia de la República. Él trató de revelar la incoherencia de esos datos oficiales y tras ese comentario fue buscado por 10 funcionarios de las FAES quienes forzaron la puerta de su residencia y se lo llevaron preso junto a sus padres, quienes estuvieron retenidos una hora», relató. Rojas fue imputado por instigación al odio e instigación pública y permanece bajo medida cautelar.
Con información de La Prensa de Lara.