Hasta esta semana un profesor adscrito al Min Educación con 20 años de experiencia podía cubrir solo 21% del costo de la canasta alimentaria.
En los últimos meses, maestros del sector oficial han salido a las calles en reiteradas ocasiones para reclamar por el incumplimiento de un compromiso que obliga, en primera instancia, la Constitución de la República.
El artículo 104 consagra la “elevada misión” y la obligación del Estado a garantizar “la estabilidad en el ejercicio de la carrera docente, bien sea pública o privada”. La realidad revela que los educadores, a pesar de su importante papel en la sociedad, han perdido también su poder adquisitivo.
Estos trabajadores están amparados por el contrato colectivo suscrito con el Ministerio de Educación en marzo de 2016 y comprende aumentos progresivos, y también deben ser favorecidos por los incrementos por decreto presidencial.
Esta semana –antes del aumento de sueldo y bono de alimentación que anunció el presidente Nicolás Maduro el jueves pasado–, un docente nacional de hasta 3 años de graduado (categoría I) ganaba menos de 100.000 bolívares –sin primas– y podía cubrir apenas 17% del costo total de la cesta alimentaria para septiembre, calculado en 405.452,78 bolívares, de acuerdo con el Centro de Documentación y Análisis Social de la Federación Venezolana de Maestros.
A un profesor con 20 años o más de experiencia (categoría VI) y con un salario de menos de 115.000 bolívares le alcanzaba para comprar 21% de la canasta.
Homologación
Juan Maragall, jefe de la Dirección de Educación de la Gobernación de Miranda, explicó que los docentes de gobernaciones y alcaldías no están homologados a los nacionales, pero deben estarlo conforme a cláusulas en los convenios de esas jurisdicciones.
“Desde finales de los años ochenta se estableció que los educadores debían recibir, como mínimo, los beneficios de los adscritos al Ministerio de Educación”, indicó.
Maragall señaló que desde hace 3 años se les ha hecho cuesta arriba efectuar esa igualación del salario, pues cuando el Ejecutivo aprueba incrementos –van cuatro en diez meses– no envía el dinero a gobernadores ni alcaldes para honrar esos compromisos, y ellos no cuentan con recursos propios, ya que esos aumentos no estaban previstos en sus proyectos de presupuesto.
“Hasta septiembre habíamos logrado la homologación, pero hoy nuestros maestros ya no están homologados. También ocurre que el salario mínimo crece y se va tragando el sueldo de los maestros”, agregó. En el municipio Baruta la situación era similar.
Hasta el viernes, la deuda del Ejecutivo con El Hatillo era de 500 millones de bolívares, por lo que no han podido cumplir compromisos salariales de homologación con sus 180 docentes, entre activos y jubilados, ni con el resto de los trabajadores de la alcaldía.
Rosanna Cariello, directora de Educación del ente municipal, informó que un docente categoría I, que trabaja 33,33 horas semanales, gana al mes 15.000 bolívares. De acuerdo con el cálculo del Cendes, en la actualidad se necesitan 13.000 bolívares diarios para comprar comida. Un maestro nacional del mismo escalafón percibía –hasta esta semana– 25.655,78 bolívares de salario básico, sin primas. Admitió que tampoco habían podido subir el bono de alimentación ni a 42.480 bolívares.
La jefe de Recursos Humanos de la Alcaldía de Sucre, Nury Pacheco, indicó que hasta el jueves la deuda del Ejecutivo para el pago de los maestros era de aproximadamente 1,9 millardos de bolívares. Por esas dificultades para hacer la homologación, el docente categoría I que trabaja 36 horas semanales percibía –hasta esta semana–14.534 bolívares, mientras que el docente VI ganaba 21.315 bolívares.
La directora de Educación de la Alcaldía de Baruta, Vilma Bailey, señaló que también han pasado por las mismas dificultades, pero que de momento, con grandes esfuerzos, equipararon el sueldo de sus docentes a los nacionales.
“El llamado es a que resuelvan esta situación. Tiene tanto derecho el docente que trabaja en la alcaldía y la gobernación como el que está adscrito al Min Educación. Ese órgano debería mostrarse preocupado por lo que pasa”, afirmó el presidente de la Federación Venezolana de Maestros, Orlando Alzuru.
Conflictos de interpretación
Siete federaciones magisteriales reclaman que el Min Educación viola el contrato colectivo al no reconocer el aumento de 17% a partir del 1º de octubre, por argumentar que está incluido en el incremento de 50% del salario que anunció Maduro en agosto. Orlando Alzuru, presidente de la FVM, informó que si no reciben respuestas a sus reclamos, el 2 de noviembre harán una gran asamblea frente al ente a modo de protesta.
Un docente I de 33,33 horas adscrito a la Alcaldía de Chacao está ganando 12.393,97 bolívares y uno de categoría VI, 21.398,19 bolívares. Los bonos de alimentación los estaban cobrando en 18.585 bolívares. En esta jurisdicción, donde llevan un mes de retraso del inicio de clases, existe un desacuerdo entre los educadores y la alcaldía que se suma a la negativa del Ejecutivo de darle recursos. Ambas partes tienen una interpretación distinta del contrato colectivo municipal.
FUENTE: EL NACIONAL
30 DE OCTUBRE DE 2016