La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha lamentado este jueves las últimas decisiones del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela por considerar que no contribuyen a que haya un proceso electoral “creíble” de cara a los comicios parlamentarios del 6 de diciembre, al tiempo que ha vuelto a denunciar “graves violaciones” de los derechos socioeconómicos.
Bachelet ha comparecido ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en el marco de su 44º periodo de sesiones, para actualizar la información de su oficina acerca de la situación en Venezuela, sobre la que ya ha ofrecido varios informes.
La ex presidenta chilena se ha referido a los recientes fallos del TSJ, con los que ha arrebatado a la Asamblea Nacional el poder de designar a los miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) y ha destituido a las juntas directivas de los partidos opositores Acción Democrática y Primero Justicia para nombrar a personas afines al ‘chavismo’ en los tres casos.
Ha criticado que estas decisiones judiciales “nombran nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral sin el consenso de todas las fuerzas políticas e interfieren en la organización interna de dos de los principales partidos políticos de la oposición”.
Con ello, ha sostenido la jefa de Derechos Humanos de la ONU, “las recientes decisiones del Tribunal Supremo de Justicia disminuyen la posibilidad de construir condiciones para procesos electorales creíbles y democráticos”.
En este sentido, ha indicado que su equipo ha seguido documentando “restricciones al espacio cívico y democrático, con violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información, y la detención de líderes políticos, periodistas, sindicalistas, profesionales de la salud y personas que protestaban por los servicios públicos”.
Ha apuntado asimismo que “continuaron los ataques y la obstaculización del trabajo de los parlamentarios de la Asamblea Nacional” que preside el líder opositor Juan Guaidó, muchos de los cuales han sido señalados por el TSJ, tras lo cual algunos han sido detenidos y otros se han exiliado.
Por otro lado, se ha referido a los supuestos “intentos de rebelión” frustrados por el Gobierno de Nicolás Maduro, en una alusión velada a la ‘Operación Gedeón’, que el ‘chavismo’ denuncia como un plan de Guaidó y sus aliados dentro y fuera de Venezuela para lanzar una incursión militar con la que derrocar al dirigente bolivariano.
“Aunque reconozco la potestad del Gobierno para perseguir penalmente a los presuntos responsables de estos actos, me preocupa el patrón de detenciones arbitrarias y de violaciones a las garantías al debido proceso, así como de alegaciones de tortura y desapariciones forzadas en los primeros días de la detención”, ha dicho.
Bachelet ha reconocido al mismo tiempo “la disminución de los niveles de violencia en los centros de detención administrados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario”, pero ha subrayado que “persisten retos en el acceso a alimentos, salud, agua y saneamiento”.
La Alta Comisionada ha valorado igualmente “la disminución en la tasa de homicidios en 2019”. “Aunque me siguen preocupando los altos números de muertes de jóvenes por parte de las fuerzas de seguridad”, ha apostillado.
CRISIS SOCIOECONÓMICA
Sobre la situación humanitaria, Bachelet ha sostenido que “las personas en Venezuela siguen padeciendo graves violaciones a sus derechos económicos y sociales debido a los bajos salarios, los altos precios de los alimentos, las persistentes carencias de losservicios públicos”, incluido el sistema sanitario.
Bachelet ha querido resaltar en este aspecto que “la crisis se ha exacerbado por el incremento de las sanciones sectoriales y por la pandemia de la COVID-19”, una cuestión controvertida ya que los autores de dichas sanciones, sobre todo Estados Unidos, aseguran que están diseñadas para no perjudicar a la población venezolana.
Así las cosas, ha dado la bienvenida al acuerdo alcanzado en junio por el Gobierno de Maduro y la oposición que lidera Guaidó “para aunar esfuerzos con la Organización Panamericana de la Salud (OPS) para hacer frente a la pandemia”.
UNA “SOLUCIÓN NEGOCIADA”
Además, ha aprovechado su comparecencia para reiterar el llamamiento a las partes a emprender “una negociación política inclusiva basada en Derechos Humanos y en la restitución de los derechos políticos”.
“Ante todo, lamento que los actores políticos no logren encontrar una solución negociada que resuelva la profunda crisis política (…) Mi oficina sigue dispuesta a contribuir en estos esfuerzos”, ha declarado.
Bachelet, que ha valorado “positivamente” que el Gobierno de Maduro haya dado a su equipo un mayor acceso, ha avanzado que el 15 de julio presentará otro informe sobre “la independencia judicial, el acceso a la justicia y la situación de los Derechos Humanos en el Arco Minero del Orinoco”.
Con información de Sumarium