Julio Borges dijo que desde Venezuela se están fortaleciendo los grupos irregulares debido al crimen organizado en varias operaciones
El diputado Julio Borges, quien fue designado comisionado de Relaciones Exteriores por el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente encargado de Venezuela, insistió este miércoles 12 de agosto en que la administración de Nicolás Maduro está protegiendo a grupos que han cometido terrorismo en la región.
Borges destacó que es necesario que se tomen acciones urgentes ante la «amenaza» que representa Maduro en la región, luego de las acciones del ELN, la disidencia de las FARC y de Hezbolá en varios países de Sudamérica.
“Hemos hecho un levantamiento de información sobre los atentados terroristas en la región y hemos identificado que los últimos acontecimientos de desestabilización han ocurrido por grupos que hoy protege Nicolás Maduro. El caso de la AMIA en Argentina fue propiciado por Hezbolá, el ELN hace un año atentó contra una escuela de cadetes en Bogotá y sabemos que todo esto fue coordinado desde Venezuela. Hoy ningún país puede sentirse ajeno a lo que ocurre en nuestro país, es una verdadera amenaza”, sostuvo según una nota de prensa.
A su juicio, desde Venezuela se están fortaleciendo los grupos irregulares debido al crimen organizado en operaciones como el contrabando de oro y de sustancias ilícitas. «Se calcula que la extracción de oro está financiando el 60% de la estructura del ELN, estos recursos le permiten a este grupo comprar armas para reagruparse y atentar contra la paz de la región», reseñó.
Para evitar que se consolide un «Estado fallido», pidió a la comunidad internacional que ejerza más presión sobre la administración de Nicolás Maduro y recalcó que el futuro de América Latina depende de lo que ocurra en nuestra nación, así como resaltó la necesidad de reactivar la presión interna y propiciar el cambio de gobierno que se requiere.
Por su parte, el director general de FundaRedes, Javier Tarazona, acudió el 11 de agosto a la Fiscalía del estado Táchira para insistir en la vulneración de los derechos humanos de la población por grupos irregulares, recordando que desde 2003 han denunciado a paramilitares, guerrilleros, así como bandas criminales en territorio venezolano y de ello reposan en el Ministerio Público decenas de denuncias que deben ser procesadas.
Tarazona señaló que es obligación del Estado venezolano y de los órganos de justicia frenar las actuaciones criminales de los grupos armados irregulares que cometen secuestro, extorsión, homicidios, narcotráfico, enfrenamientos por control del territorio, reclutamiento de niños y jóvenes, entre otros tantos delitos.
Con respecto a las amenazas contra quienes defienden los derechos humanos, enfatizó que es muy fácil descalificar al mensajero, criminalizar la defensa, y de esa forma ocultar que no se hace nada contra quienes generan la violencia y quienes la respaldan.
En tal sentido Tarazona indicó que los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil no pueden callar frente a lo que ocurre en el país. “No se puede guardar silencio, los ciudadanos no pueden ser cómplices del país precario que tenemos, la defensa de los derechos humanos no es un delito y seguiremos documentando, con más fuerza, con más vehemencia para la defensa de la vida”.
Con información de Tal Cual