La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Caracas condenó este domingo 28 de junio las notificaciones de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa) que exige la entrega de las concesiones de estaciones de servicio administradas por el sector privado.

Este sábado 27 de junio, los representantes legales de diversas estaciones de servicio de Caracas y Carabobo recibieron notificaciones de desalojo a ejecutarse en “72 horas” por órdenes de Pdvsa. Una de ellas fue la estación de servicio Parque Cristal, en el municipio Chacao.

Un día después, la Cámara de Comercio de Caracas se pronunció a través de un comunicado en el que exigió a las autoridades y a los directivos de las empresas públicas respetar los derechos fundamentales de las empresas y los empresarios. Además solicitó evitar actuaciones similares y dirigir la acción administrativa de acuerdo con los preceptos constitucionales”.

“Medidas como la adoptada generan desempleo, afectación directa e indirecta al mercado de productos y bienes generados y prestados en el mercado nacional, así como una lesión a varios empresarios que por décadas vienen realizando de manera sostenida con esfuerzo, organización y a expensas de su patrimonio la actividad económica de expendio de combustible y actividades conexas”, indicó.

La Cámara de Comercio de Caracas aseguró que durante los estados de excepción no se pueden restringir los derechos fundamentales de las sociedades mercantiles. Así, llamó al Ejecutivo Nacional a aplicar “de forma irrestricta”, durante la vigencia del estado de emergencia económica y el estado de alarma por la pandemia de COVID-19, el artículo 7 de la Ley Orgánica sobre Estados de Excepción, que expresa que no podrá restringirse la garantía del debido proceso.

“La reestructuración del negocio de distribución, importación y expendio de combustibles líquidos realizado por Pdvsa, de acuerdo con las pautas del Ejecutivo Nacional, no puede conllevar al desconocimiento arbitrario de las relaciones jurídicas de origen contractual”, agregó.

A partir del 1 de junio, Venezuela había permitido que el sector privado vendiera gasolina “a precio internacional” y sin restricciones, una de las nuevas modalidades de suministro de combustible en el país, junto a la venta subsidiada con un precio de 5.000 bolívares por litro y un límite de 120 litros para carros y 60 para motos cada mes.

Sin embargo, después de esa fecha la estatal comenzó a tomar control de estaciones de servicio en Carabobo, Distrito Capital y Sucre.

Con informaciòn de Efecto Cocuyo

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