El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, asegura que el informe de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, ha sido clave para demostrar la opacidad del gobierno de Nicolás Maduro
El gobierno de Nicolás Maduro ha consolidado la hegemonía comunicacional preconizada por Hugo Chávez, pero no lograda en vida de éste: provocó el cierre o adquirió a través de terceros canales de televisión, periódicos y emisoras de radio, de manera que la crítica contra su gestión se ve limitada a los pocos medios digitales independientes que se mantienen en pie y a los mensajes que intercambian los usuarios de las redes sociales.
A esta escasez de actores que puedan escrutar el desempeño de la actual administración se suma la política del Ejecutivo chavista de no rendir cuentas de sus operaciones: no entrega al Parlamento el proyecto de Presupuesto Nacional, ni sus ministerios las respectivas memoria y cuenta, sino que las mismas se aprueban a través de un Poder Judicial aliado; el Instituto Nacional de Estadística (INE), dejó de publicar sus números y el Banco Central de Venezuela no da las cifras de inflación y desempleo, mientras se niega información a las ONG o ciudadanos que quieran ejercer su derecho a conocer sobre el manejo de los fondos públicos. Todo esto sin contar con las acusaciones, detenciones y amedrentamiento contra periodistas y activistas de DDHH que de esta manera ven dificultades sus posibilidades de sacar a la luz los manejos de los recursos que pertenecen a todos, pero disfrutan unos pocos.
El director de la ONG Espacio Público, Carlos Correa, asegura que en Venezuela existe una gran cantidad de información que debería ser pública, pero que los ciudadanos no conocen y que va desde informes epidemiológicos hasta datos de inflación, lo que ha generado una dinámica donde la opacidad es la norma, al punto que los funcionarios asumen que no es su deber rendir cuentas y entienden como una amenaza a cualquiera que busque informarse o informar.
“En Espacio Público promovemos que las personas hagan petición de acceso a la información. Es un derecho que tiene dos dimensiones, el que vale per se, que es el de cualquier ciudadano que tiene derecho a la información sobre funcionarios públicos, pues ellos tienen que rendir cuentas y presentar declaración jurada de bienes, que permiten que el ciudadano pueda ver en qué se está gastando el dinero, y luego está la dimensión del derecho que es instrumental, es decir, que la información sea útil para que el ciudadano pueda ejercer otros derechos, como el de un ciudadano que quiera conocer cuál es el plan de vacunación para ver cuándo le tocará vacunarse”, explica Correa sobre la importancia de que en un Estado haya acceso a la información pública.
El comunicador social, profesor universitario y defensor de derechos humanos refirió que el informe de la Alta Comisionada para los DDHH de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, emitido el pasado 13 de septiembre, advierte sobre esta opacidad que reina en Venezuela al señalar la ausencia de datos públicos en Venezuela para monitorear las políticas públicas y al resaltar el papel de la sociedad civil en este sentido.
Acceso a la información es igual a calidad democrática, resalta Carlos Correa
La Alta Comisionada de Naciones Unidas para los DDHH, Michelle Bachelet, afirmó que existen grandes dificultades de acceso a la información pública en Venezuela y pidió al gobierno de Nicolás Maduro publicar el Presupuesto Nacional y las memorias y cuentas de los ministerios. ¿Cuál es la situación actual en esta materia de acuerdo a la evaluación que ustedes vienen realizando?
—En líneas generales, en Venezuela lo que hay es una situación en la que la posibilidad de acceder a información pública es más bien lo excepcional y no lo normal. Se da con información que es muy importante para el monitoreo, por ejemplo, de los objetivos de desarrollo del milenio (de Naciones Unidas), que tienen un apartado que señala la importancia del acceso a la información pública para poder monitorear el avance de los mismos.
Señala Carlos Correa que, aunque en el país no existe una ley de acceso a la información pública y, por lo tanto, no hay un órgano garante de ello, sí hay algunos mecanismos que permiten la posibilidad de acceder a la información pública, pues está contemplada en la Constitución y en la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, así como en otros instrumentos que obligan a que, frente cualquier petición, la administración pública debe responder en 20 días. Sin embargo, sostiene que esa posibilidad se ha ido desmantelando por decisiones judiciales.
“Nosotros en Espacio Público, por ejemplo, pedimos información sobre el Contralor, una declaración jurada de bienes, y el contralor no nos dio la declaración; el argumento fue que por haber una situación de inseguridad no daba la información, y eso fue avalado posteriormente por los tribunales”, explica.
Insiste Carlos Correa en que la información es clave para la participación: “¿Cómo participo en elecciones si no tengo rendiciones de cuenta claras, si no sé si los funcionarios se enriquecieron o no? El acceso a la información habla sobre la calidad democrática de la sociedad. Una dinámica de opacidad favorece la discrecionalidad y el ejercicio arbitrario del poder”.
—Bachelet detalló que al menos 60 peticiones de información han sido ignoradas por el gobierno de Nicolás Maduro. ¿A dónde conduce esta opacidad?
—Si no tienes una rendición de cuentas, estás fortaleciendo ejercicios autoritarios y discrecionales del poder. (El funcionario piensa) ‘estoy en un cargo de elección y no rindo cuentas y hago lo que me parece’. Sobre el covid hicimos peticiones de información, que nos dijeran cuál es el plan, las fechas, pero es imposible que te respondan. Ellos piensan que no tienen que rendir cuentas.
Añade que Espacio Público ha enviado cartas a instituciones y éstas se niegan, incluso a recibirlas. “Argumentan cualquier razón, cuando lo que tiene que hacer un funcionario es decir ‘aquí está un ciudadano que está pidiendo información, es su derecho y tengo que facilitarle el ejercicio de ese derecho’”.
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Con información de Tal Cual