Lupa por la Vida, un proyecto de monitoreo conjunto entre Centro Gumilla y Provea, informó este 14 de marzo que en el 2021 se registraron 1.414 víctimas de ejecuciones extrajudiciales en todo el país, la mayoría de ellas cometidas por funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICP) y policías regionales.
A pesar de que hay un descenso significativo en las cifras de ejecuciones extrajudiciales en más del 50%, “la cifra sigue siendo letal”, señaló el padre Alfredo Infante, coordinador de Lupa por la Vida, durante la presentación del informe 2021.
El 100% de las víctimas son de sectores populares, lo que para Infante indica que “estamos desde los barrios sometidos a un continuo Caracazo. Esa política sigue vigente a través de las ejecuciones extrajudiciales y el modo como se conciben los operativos policiales”.
Una ejecución extrajudicial es el homicidio de una o más personas por parte de un agente del Estado, o alguien permisado por un funcionario, sin que exista de por medio un proceso judicial. Las víctimas de estos asesinatos son principalmente hombres entre 18 y 30 años que viven en sectores populares.
Lupa por la Vida contabilizó además la ejecución extrajudicial de 13 niños el año pasado. Principalmente, estos delitos son cometidos por el Cicpc, las policías estadales, la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y sus componentes, la Fuerza Armada y policías municipales.
La policía regional más letal durante 2021 fue la del estado Carabobo. Según Lupa por la Vida, esos efectivos estuvieron involucrados en el asesinato de 221 personas. Le siguen Zulia y Aragua en el recuento.
“Esto no es solo una política nacional, sino de estados regionales. Estos no tiene color político, parece una política de seguridad independiemente de quién esté gobernando. Nosotros hacemos un llamado a restablecer el Estado de derecho porque la vida de nuestros jóvenes está amenazada”, resaltó el padre Infante.
Por su parte, el coordinador de investigaciones de Provea, Marino Alvarado, dijo que pesar que la administración de Nicolás Maduro descalifica a la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela (un mandato del Consejo de DDHH de la ONU) “notamos que sí están observando lo que denuncian”.
Alvarado también enfatizó en la necesidad de que no solo se investiguen a los presuntos autores materiales, sino también a la cadena de mando.
Debe el fiscal Tarek William Saab bajo el convenio que estableció el Estado venezolano con la Corte Penal Iinternacional (CPI) se debe investigar la responsabilidad de las adenas de mando, reiteró Alvarado. “¿Sabe Douglas Rico sobre la cantidad de ejecuciones extrajudiciales en Venezuela? Sí, el CICPC es el organismo más letal de toda Venezuela, se debe investigar a su director Douglas Rico”.
Entre los investigados como parte de la cadena de mando, a juicio de Provea, también debe incluirse al gobernador Rafael Lavaca y al exmandatario regional Omar Prieto.
Con información de Tal Cual