Los relatores de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos insisten en que el Estado venezolano debe permitir la visita de un grupo de trabajo para constatar la situación humanitaria en el país, sobre todo la de los centros de reclusión y cárceles donde hay presos políticos.
La solicitud la hizo Joel Hernández, comisionado para Venezuela, durante el 169 período de audiencias públicas de la CIDH que se realiza en la ciudad de Boulder, Colorado, en Estados Unidos, luego de que el representante del Estado, Larry Davoe, afirmó que en el país se respetan las garantías de vida a los ciudadanos.
“Preocupa que exista un abuso del Derecho Penal y que no se cumplan con las garantías mínimas del tratamiento de las personas detenidas. Pareciera ser que están siendo objetos de un abuso del Derecho Penal y de una criminalización por las acciones que realizaron. Me parece que, más allá de saber con datos la situación, debería ir una comisión a verificar lo que dice el representante del gobierno de Venezuela”, contestó el comisionado.
Davoe no respondió la petición de Hernández, pero indicó que el presidente Nicolás Maduro había aceptado la visita de la Alta Comisionada de la Organización de Naciones Unidas, Michelle Bachelet.
De las tres audiencias que se realizaron ayer para tratar la situación de Venezuela, la CIDH convocó una por iniciativa propia para estudiar las condiciones de las personas privadas de libertad, en el contexto de la crisis política. En las otras dos se trató la situación humanitaria y mecanismos de control social, así como la crisis y sus efectos sobre las personas mayores y comunidad LGBTI.
En el debate participaron representantes de varias ONG venezolanas, que denunciaron que en las cárceles del país no se garantizan las condiciones mínimas de reclusión, incluso donde hay presos políticos.
“Los presos en Venezuela han sufrido choques eléctricos en genitales, simulación de mutilaciones y golpes con bates forrados de goma”, expresó Génesis Ávila, representante de Defiende Venezuela.
Davoe admitió que el gobierno tiene el control de 80% de las cárceles y afirmó que en el país no hay presos políticos. Mostró fotos del diputado Juan Requesens con las que pretendió convencer a los relatores de que el Estado venezolano garantiza las condiciones de reclusión, salud y esparcimiento en los centros penitenciarios y de reclusión.
No obstante, Luis Betancourt, abogado del Foro Penal, indicó que desde 2014 han registrado 12.480 arrestos arbitrarios en todo el país, de los cuales 1.551 casos son presos políticos. De esa cifra, hay 236 detenidos. Denunció que 7.336 de los liberados continúan sujetos a medidas cautelares.
Julio Henríquez, abogado también del Foro Penal, aseguró que en el país se usa el proceso judicial como condena, ya que mantienen en prisión por varios años a las personas detenidas por motivos políticos, sin tener audiencias, lo que contradice las leyes venezolanas y las obligaciones internacionales.
El grupo de relatores criticó los argumentos de Davoe y le pidieron explicar por qué hay civiles procesados en tribunales militares, aclarar la situación de los menores de edad que comparten prisión con adultos y de las personas que se encuentran en prisión preventiva desde hace varios años.
“Es constante recibir denuncias de víctimas de violaciones de derechos humanos en Venezuela y una respuesta del Estado, pero la impresión que nos da es que hay dos mundos, dos realidades distintas”, manifestó Francisco Eguiguren, relator y comisionado especial para Venezuela que presidió la Audiencia. Agregó: “El hecho de que la CIDH no pueda visitar al país hace, sin duda, que la Comisión se sienta más convencida de que la verdad está mucho del lado de las denuncias”.
Una veintena de manifestantes increpó a Devoe cuando concluyó la audiencia. Los miembros de la comisión pidieron a quienes protestaban que dejaran de reprenderlo para que pudiera celebrarse la siguiente sesión destinada a analizar la situación humanitaria y los mecanismos de control social. Eguiguren advirtió que si continuaban los incidentes, se tendría que hacer en privado o suspender.
Durante la audiencia, Marcos Ponce, coordinador del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, aseguró que el principal problema en el país es la ausencia de democracia y la violación sistemática de los derechos humanos.
Indicó que existe una crisis humanitaria sin precedentes que ha ocasionado 8.372 protestas sociales en todo el país, en las cuales 14 personas han sido asesinadas. “El derecho a la alimentación y el derecho a la salud son dos puntos muy críticos en las protestas y revelan la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela. La inacción, la intransigencia, la indolencia del Estado y sus funcionarios están destruyendo la vida y la calidad de vida, el futuro de todos los venezolanos”, expresó.
La comisionada Soledad García afirmó que la gravedad de la crisis venezolana y su impacto en la población “es una preocupación inmensa para la relatoría” y añadió que eso amerita una apertura al diálogo.
“Lo dicho revela una situación humanitaria grave; pido al Estado que informe las acciones concretas que están ejecutando para revertir la crisis”, concluyó Eguiguren.
Con información de El Nacional