La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas expresaron ayer su preocupación por la situación de Amazonas y de la Región Indígena Sur de Venezuela, pues carecían de representación ante la Asamblea Nacional desde que la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia dictó, el 30 de diciembre de 2015, una medida de amparo cautelar que ordenó la desincorporación de sus cuatro diputados.
La CIDH afirma en un comunicado que la decisión del TSJ menoscaba el derecho a la participación política de ciudadanos y diputados, algo que no ocurrió con la representación de ningún otro estado, a pesar de que hubo varias impugnaciones.
La organización lamenta la demora de una respuesta del TSJ sobre el caso, a pesar de que «venció el lapso establecido por la ley» para hacerlo, lo que vulnera el derecho a la defensa.
«La CIDH hace un llamado a las autoridades del Estado venezolano a los fines de que el conocimiento de recursos judiciales que (tengan como propósito) la anulación de una elección no despoje a los pueblos indígenas de su derecho a tener una representación parlamentaria mientras los procesos judiciales correspondientes se desarrollan, conforme a las garantías del debido proceso», agrega el texto.
La defensa. Ramón José Medina, abogado de los tres diputados de la oposición por Amazonas, Nirma Guarulla, Julio Ygarza y Romel Guzamana (representante indígena), apoyó la decisión del Parlamento, pues «el caso está prácticamente paralizado» en el TSJ.
«Hay un decaimiento de la medida cautelar tras seis meses sin respuesta. La parte querellante ni siquiera ha demostrado fundamentos que prueben la nulidad de la elección. El CNE admitió que no hubo irregularidades en esta», opinó.
El defensor admitió que es posible que la Sala Electoral responda la decisión del Parlamento: «Pero no pueden impedir que ellos asistan a las sesiones. En todo caso, decidirán la nulidad de las elecciones y las deben convocar inmediatamente. No pueden ir detenidos; tienen inmunidad parlamentaria».
La bancada del PSUV propuso nuevas elecciones en Amazonas, algo que la representación de la MUD aceptó. «Si hacen nuevas elecciones, volvemos a ganar», reiteró Guarulla.
Simón Calzadilla, segundo vicepresidente de la AN, aseguró que al incorporar a los diputados, el hemiciclo cumplió con la exhortación de la CIDH, de «obligatorio cumplimiento», y afirmó que ahora le corresponde al TSJ acatar.
«No sabemos aún nada de la Sala Electoral, pero hacemos lo posible para evitar que se vulneren sus derechos y les pueda pasar algo», señaló.
Calzadilla coincidió con Medina en que los diputados se incorporaron, puesto que se vencieron los lapsos procesales para que el TSJ decida sobre el caso. «Ni se respondió (al hecho de que) los diputados (se opusieran) a la medida cautelar. Hay una denegación de justicia», dijo.
El diputado Juan Miguel Matheus (PJ) coincidió en que sus homólogos no podían seguir sin ejercer sus funciones por el «limbo jurídico» en el que los dejó el TSJ.
«La cámara ejerció su potestad exclusiva de calificar a sus miembros. Esos jueces fueron recusados y no se dijo nada sobre la recusación; si pasan seis meses, decae la cautelar y entra en vigor la proclamación. No hay una derivación penal por su incorporación y, además, tienen inmunidad parlamentaria», aseveró.
El parlamentario Carlos Berrizbeitia advirtió: «Si el gobierno detiene a estos diputados o a la directiva, Venezuela entraría en un momento crítico».
El Dato
Hay incertidumbre sobre lo que pueda ocurrir con los tres diputados de Amazonas. Agentes del Sebin estuvieron ayer en los alrededores de la Asamblea Nacional, donde los parlamentarios pasaron la noche para evitar el riesgo de ir presos si salían. La Sala Electoral del TSJ, se conoció extraoficialmente, se volvió a reunir ayer para responder la decisión del hemiciclo.
FUENTE: EL NACIONAL