La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la Organización de Estados Americanos (OEA) otorgó medidas cautelares a todos los niños que se evalúan y reciben tratamiento en el Servicio de Nefrología del hospital pediátrico J.M. de los Ríos.
La medida cautelar N°1039 – 17, que descansa en la Resolución 8/2018 de la Cidh, solicita al Estado venezolano garantizar la vida, integridad física y salud de los niños del área de nefrología. “En particular, la Comisión considera que las autoridades deben proporcionar un tratamiento médico que tome en cuenta, entre otros aspectos, el acceso a los medicamentos y procedimientos requeridos, conforme a las recomendaciones de los expertos correspondientes, así como la satisfacción de sus necesidades nutricionales y otras medidas complementarias”, resalta la decisión.
La Asociación Civil Centros Comunitarios de Aprendizaje (Cecodap) introdujo el 22 de diciembre de 2017 una solicitud de adopción de medidas cautelares para proteger la vida y la salud de los niños del Servicio de Nefrología del J.M. de los Ríos, debido a que “se encuentran en una situación grave de riesgo con motivo de su estado de salud y la falta de tratamiento médico adecuado”, especialmente por el desabastecimiento de medicamentos que enfrenta el centro pediátrico de referencia nacional que depende del Ministerio de Salud.
La instancia pidió al país, además, que adopte medidas para que el servicio del hospital esté en adecuadas condiciones de salubridad y seguridad, según las pautas exigidas por estándares internacionales. En el pliego de argumentos, los solicitantes de la medida precisaron que el hospital pediátrico no tiene condiciones de salubridad adecuadas y, por esa razón, al menos, 10 pacientes fallecieron entre los meses de mayo y diciembre del 2017 al haber contraído bacterias.
Entre esos niños fallecidos se cuentan Raziel Jaure (10), Samuel Becerra (12), Dilfred Jiménez (15) y Ángel Laya (2), quienes fallecieron entre mayo y julio de 2017 luego de contraer bacterias en la unidad de hemodiálisis del J.M. de los Ríos que presentó un brote infeccioso registrado desde 2016. Según lo reportado a la instancia por Cecodap, el área no ha sido descontaminada adecuadamente. Los niños, en aquel momento, se infectaron en medio de una carencia de antibióticos y otros medicamentos.
Recordaron, además, que el Ministerio Público comisionó al fiscal 66ª nacional auxiliar para coordinar una investigación sobre la muerte de los cuatro pacientes en el hospital pediátrico el 13 de julio de 2017. El caso había sido discutido, previamente, el 5 de julio durante las reuniones realizadas en el marco del 163º período de audiencias de la Cidh, donde se planteó enviar a un grupo de observadores para constatar la situación.
El Servicio de Nefrología atiende 22 niños con enfermedad crónica renal en estadio IV y V que dependen de la terapia de sustitución renal. Actualmente, en la unidad de hemodiálisis solo funcionan 6 de las 15 maquinas para realizar el proceso de purificación de la sangre, cuyo mantenimiento preventivo correctivo es responsabilidad directa del Ministerio de Salud.
Los representantes de Cecodap alegaron, entre otras razones, para justificar la medida que los niños con insuficiencia renal, que dependen solo de la hemodiálisis, no tienen acceso actualmente al Programa de Trasplante y Procura de Órganos del Ministerio de Salud que fue suspendido el 29 de mayo de 2017 por las fallas de abastecimiento de inmunosupresores para mantener los injertos; incluso señalaron que tampoco se les puede transfundir sangre a los pacientes por la carencia de reactivos en el centro asistencial.
Sobre estos aspectos, Venezuela no ofreció respuesta a comisión. La Cidh solicitó el pasado 9 de febrero información al Estado para que aportará datos en un lapso de siete días sobre la demanda. Vencido el plazo, el 16 de febrero, el país pidió una prórroga para levantar datos sobre la situación. Aún así el organismo de la OEA consideró que el caso se ajusta a los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad que dan pie a la aprobación de medidas cautelares, según lo establecido en el artículo 25 del Reglamento de la Cidh. Por ello, la instancia solicitó a las autoridades de Venezuela informar en un lapso de diez días, contados a partir del 21 de febrero, sobre la aplicación de las medidas cautelares y aportar, periódicamente, información actualizada sobre el caso.
La medida cautelar a favor de los niños de Nefrología del J.M. de los Ríos es la segunda que se aprueba para proteger los derechos a la salud y la vida. La primera se otorgó al paciente Johonys Hernández, de 40 años, quien denunció ante la instancia de la OEA la negativa del Estado de suministrarle sus factores de coagulación para controlar su hemofilia.
Publicado Caraota Digital
23/02/2018