La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un pronunciamiento en el que rechazó la detención arbitraria y la violación del debido proceso hacia el diputado Juan Requesens, miembro del partido opositor Primero Justicia.
En el documento de prensa la organización internacional manifestó su preocupación por la situación. Recuerda que el diputado fue detenido el 7 de agosto de 2018, por supuestamente estar vinculado al presunto atentado contra Nicolás Maduro.
“El diputado fue detenido por miembros del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), sin orden de detención, y permaneció incomunicado. La Asamblea Nacional Constituyente acordó levantar la inmunidad del diputado Requesens y con posterioridad a su detención el Tribunal Supremo de Justicia decretó su detención como flagrante”, expuso la CIDH.
La institución también se mostró enterada de la publicación de un video por parte del Gobierno, en el que Requesens narra hechos que lo relacionan a él y a otro diputado de la Asamblea Nacional (Julio Borges) en el presunto intento de magnicidio.
“Las investigaciones y procesos que se sigan contra ellos deben respetar el debido proceso y las garantías judiciales”, destacó el Relator de la CIDH para Venezuela, Francisco Eguiguren. “Esto incluye el acceso efectivo a su defensa jurídica y una participación directa en el mismo”, agregó.
Otro video, que se hizo público, mostró al diputado Requesens en ropa interior y en condiciones denigrantes. Al respecto, la CIDH recuerda que los Estados deben tomar las medidas necesarias para garantizar que las personas privadas de libertad se encuentren en condiciones compatibles con la dignidad humana. De igual manera, la CIDH destaca que a fin de no menoscabar el derecho a la presunción de inocencia, los Estados deben evitar que las personas detenidas que están siendo investigadas, sean presentadas ante cualquier medio de difusión de información que pueda resultar público.
“Considerando el deber especial que tienen los Estados respecto de las personas bajo su custodia, el Estado venezolano tiene la obligación de brindar un trato digno al diputado Requesens que resulte compatible con los estándares interamericanos en materia de privación de libertad”, indicó el Comisionado Joel Hernández, Relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad.
La Comisión rechaza todo acto de violencia y urge al Estado a llevar a cabo la investigación sobre los hechos del 4 de agosto con la debida diligencia, de manera seria, transparente, independiente e imparcial. La Comisión continuará dando seguimiento a esta situación.
El 14 de agosto de 2018 el tribunal ratificó los cargos contra el diputado Requesens por litigación pública continuada, homicidio calificado en grado de frustración en contra del Presidente de la República, homicidio calificado por motivos fútiles en contra del Alto Mando Militar y las personas que se encontraban presentes, terrorismo y posesión ilegal de armas y explosivos.
Con información de Efecto Cocuyo