Desde hace al menos 17 años en el país no existen cifras consolidadas sobre homicidios, muertes por resistencia a la autoridad y los decesos que quedan sin clasificar. Desde el Observatorio Venezolano de Violencia advierten que datos entregados por Tarek William Saab a principios de septiembre poco sirven para conocer la verdadera situación de criminalidad, y mucho menos crear estrategias decentes y efectivas de seguridad ciudadana.
El pasado 9 de septiembre, el fiscal general impuesto por la Asamblea Constituyente, Tarek William Saab, informó que el Ministerio Público (MP) «hasta la fecha» ha procesado 4.633 casos de homicidios, se hicieron 1.291 acusaciones y 1.378 personas recibieron condena por este delito.
Estos datos son aislados. La última vez que el Ministerio Público informó sobre casos de homicidios cuantificados fue en noviembre de 2020, cuando el fiscal Saab dijo que hasta esa fecha se habían procesado 6.361 homicidios, y se presentaron 1.090 acusaciones de las cuales se lograron 273 condenas.
Roberto Briceño León, director del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), asegura que no se entiende el sustento del dato que da el fiscal. «No resulta comprensible, porque él habla de casos de homicidios que son procesados. El Ministerio Público no tiene la data, acusa y procesa a partir de una información que le llega. Nosotros seguimos manteniendo una censura sobre la información que hay en los archivos y una censura que se mantiene ya por 17 años».
Los datos que él da —prosigue el sociólogo— «no sabemos si se corresponden con los datos que da el Ministerio o con los homicidios que se han procesado del año pasado. Si ese es el caso, estaría anunciado que hay el doble de homicidios».
Esta opacidad en datos también estuvo presente en 2020. Hasta la fecha no se conoce una cifra consolidada de homicidios en el país ni por parte del Ministerio de Interior, Justicia y Paz o del Ministerio Público.
Tanto el Observatorio Venezolano de Seguridad Ciudadana —adscrito al Ministerio de Interior— como la entonces ministra Carmen Meléndez solo informaron a principios de año sobre la reducción de la tasa de homicidios, que se ubicó en 13 por cada 100.000 habitantes.
Su antecesor, Néstor Reverol, aseguró que la disminución de los homicidios en los cuatro últimos años —según cifras de ese Ministerio— se debía a la «aplicación de una política integral (por parte de las autoridades) para resguardar a los ciudadanos».
El OVV hace, en sus informes anuales, una recopilación de todas las muertes violentas, que clasifican en: homicidios, resistencia a la autoridad y muertes de intencionalidad indeterminada o en averiguaciones.
El año pasado, el Observatorio registró 4.153 homicidios, 3.507 muertes que están en averiguaciones y 4.231 fallecidos por resistencia a la autoridad. En total, fueron 11.891 muertes violentas en todo el país, lo que equivale a una tasa de 45,6 fallecidos por cada 100.000 habitantes.
«El fiscal solo nos habla de una categoría (homicidios). No sabemos sobre la intencionalidad de la muerte, si hubo actuación policial», recuerda el investigador.
Las cifras sobre acusaciones y condenas en 2021, a juicio de Briceño León, tampoco son comprensibles de manera sencilla. «A menos que en las acusaciones estén hablando de casos y no de individuos, pero no se entiende la manera cómo los clasifica el fiscal. ¿Qué quiero decir con casos?, que las acusaciones incluyen a varios individuos. Sería una posible aplicación, pero jurídicamente no hay sustento, no se puede condenar a más gente de la que acusaste».
Lo que al final muestra todo esto —destaca— «es la poca transparencia que hay sobre todos los datos, el manejo oscuro y voluntarista que se hace de la información y de los números y, en general, la poca seriedad de las autoridades, porque el fiscal, después de dar someramente estos datos, se dedica prácticamente a hacer una crónica de página negra, de parricidios».
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Con información de Tal Cual