Con la llegada de la pandemia de COVID-19, a Venezuela también arribó un régimen de cuarentena social en el que los ciudadanos permanecen la mayoría del tiempo en sus hogares, normativa que en algunas zonas de Caracas es verificada por grupos de civiles armados y consejos comunales que ejercen un férreo control social en algunas comunidades.
Tal es el caso del 23 de Enero, una de las zonas populares más icónicas de la capital venezolana y también una de las que más sienten la presencia de los llamados “colectivos”.
Así lo confirmó Juan (nombre ficticio por petición del entrevistado), quien como habitante de la comunidad ha experimentado ese control social.
Narra que estos grupos funcionan ejerciendo control, cada uno, en una zona distinta de la parroquia y dice que se han encargado, aún más que cuerpos como la Policía Nacional Bolivariana (PNB) o la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), de asegurarse de que la gente se quede en sus casas.
“Por temor a ellos les hacen caso. Pero hay un fondo político de ese control. En el 23 de Enero funciona mucho el miedo y el terror, a ellos no les importa si le meten un tiro a alguien o si le quitan la bolsa Clap por no cumplir lo que dicen”, aseveró.
Juan comenta además que estos civiles armados han puesto alcabalas en las que revisan los vehículos para cerciorarse de que las reglas de la cuarentena se cumplan, y que aquellos que se trasladan en un auto o moto, lo hacen por un motivo importante.
“En el caso del 23 de Enero ellos hacen alcabalas en la zona F y la zona E, donde revisan carros y motos. Hacen recorridos y, por supuesto, usan megáfonos para advertirle a la gente que no salga. Ese control también se hace en los comercios. Si no se colabora se corre el riesgo de ser agredidos por ellos”, explicó.
Algo similar ocurre en la parroquia Santa Rosalía, en especial en Puente Hierro, donde si bien estos grupos no ejercen una presión tan fuerte como en el 23 de Enero, sí se les ha visto participando junto a la PNB y la GNB en recorridos e instando a las personas a irse a sus casas.
Francisco Torres Moya, residente de Puente Hierro, comenta que si bien no se ha observado ningún maltrato por parte de civiles armados y consejos comunales durante la cuarentena, sí se pudo observar el rol que estos están teniendo en el control social de la zona.
Cuenta que los consejos comunales se han mantenido activos con la distribución de las cajas Clap, aunque esto se ha hecho cuesta arriba en el sector por problemas de distribución.
“No he oído de amenazas con cajas Clap, ellos (consejos comunales) dicen que las van a entregar casa por casa, lo que sé es que hay sectores a los que no han llegado las cajas y dicen que es por falta de personal y de gasolina”, explicó.
En Catia no se han sentido con tanta fuerza
Catia, una de las zonas populares donde el chavismo tiene mayor presencia, curiosamente no ha sido expuesta a los mismos controles por parte de civiles armados, así lo relata el dirigente Julio César Reyes, quien dice que aunque este control no se ha llevado a cabo por estos grupos, sí lo están haciendo las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) y el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas), así como unidades de organización de base del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Asegura que, similar a lo que ocurre en Puente Hierro, la función de los consejos comunales se centra en la distribución de las cajas Clap y que en este caso la función del control social se ha mantenido en manos de los organismos de seguridad del Estado.
Aunque la presencia de civiles armados en Catia no se siente como en ocasiones anteriores, estos y otras unidades del chavismo se han convertido, de facto, en los principales agentes que de control social durante la cuarentena.
Con información de Crónica Uno