La crisis arropa a todas las áreas de la economía, pero no a todas por igual. El caso de la salud, como muchos otros sectores, se mantiene entre la regulación de algunos servicios médicos y la liberación de precios que supone acudir al dólar paralelo. Sin embargo, la medicina prepagada no tiene mecanismos que le permitan compensar el alza desmedida de los costos frente a unas tarifas que se han quedado rezagadas.
El sector de la medicina prepagada no tiene vías de escape. En tanto otras áreas de la salud se reinventan para poder cubrir las pérdidas que dejan los rubros regulados mientras los precios escalan sin parar, este sistema de salud ve amenazada su existencia.
La estructura de costos se ha convertido en el peor diagnóstico del sector: las clínicas y médicos fijan sus precios y honorarios, los insumos escasean por la regulación de precios o se consiguen a precios de dólar paralelo y los salarios y bono de alimentación aumentan.
La situación país estrangula a un sector que ofrece un servicio de atención pública, sin que el gobierno intervenga para resolver el problema.
La Superintendencia de la Actividad Aseguradora (Sudeaseg) es el organismo responsable de velar por las empresas que ofrecen planes de salud bajo esta modalidad. Sin embargo, ha guardado silencio a la hora de aprobar ajustes en las tarifas, que han quedado rezagadas en comparación con el alza en los costos operativos.
Es la Sudeaseg quien asegura la viabilidad financiera de estas empresas con la aprobación de incrementos en las tarifas cobradas, de no hacerlo se condena al sector a un deterioro progresivo, que ya ha empezado a observarse en algunas regiones del país.
El impedimento a ajustar los precios por parte de la Sudeaseg se convierte en problema para los asegurados, a quienes no se les puede prestar la misma calidad del servicio y en los tiempos esperados.
El costo del antibiótico Cefazolina de 1 gramo, utilizado para infecciones urinarias, pélvicas, respiratorias, septicemia, osteoarticulares, tracto biliar, entre otras, pasó de costar Bs 123,10 en septiembre de 2015 a Bs 1.289,25 en septiembre de 2016, un alza de 947% en un año.
Otro ejemplo que ilustra el aumento desmedido de los costos se da con el caso de una hospitalización promedio, sin complicaciones, que saltó de Bs 177.018 en diciembre de 2015 a Bs 414.386 en junio de este año, una variación de 134% en apenas 6 meses, de acuerdo a información a la que tuvo acceso El Estímulo.
El gobierno ha aumentado el salario mínimo en tres ocasiones hasta septiembre, lo que representa un alza de 134%, y ha incrementado la base de cálculo del beneficio de alimentación la misma cantidad de veces, lo que ha supuesto un ajuste de 529% en el año.
Si la gestión económica de las empresas no es favorable, se dificulta la posibilidad de pagar los servicios requeridos y, con ello, el usuario corre el riesgo de quedar desprotegido.
Al no contar con una tarifa acorde con el servicio que se presta, estas compañías podrían ser inviables operativamente, afectando los compromisos adquiridos con las instituciones de salud adscritas, los proveedores, los médicos, los empleados, los intermediarios y los accionistas.
Aquí se presentan dos gráficos sobre el comportamiento de las tarifas en proporción del salario integral (salario mínimo + bono de alimentación) desde 2013, según la data a la que accedió El Estímulo, y que demuestra cómo las tarifas se han quedado rezagadas en comparación con el alza en los beneficios laborales en un entorno inflacionario.
FUENTE: EL INTERÉS
26/09/2016