El Comité de Familiares de las Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo de 1989 considera que el estado de excepción decretado por el Ejecutivo nacional el 13 de mayo está planteado en términos tan imprecisos que implica una suspensión general de derechos y garantías constitucionales, lo cual es inadmisible en el ordenamiento jurídico venezolano.
«El decreto de estado de excepción no establece de manera específica las garantías restringidas, lo cual deriva en una suspensión general e inconstitucional de todos los derechos humanos y las garantías previstas en nuestra Constitución, abriendo la posibilidad de una suspensión del Estado de Derecho no previsto en la carta magna, que coloca en graves riesgos a los derechos humanos y las libertades públicas, lo cual es absolutamente contrario al artículo 337 del texto constitucional», advierte la ONG en un comunicado publicado ayer.
Con la legitimidad que tienen como víctimas de los excesos cometidos por los cuerpos de seguridad del Estado durante la suspensión de garantías decretada para afrontar las alteraciones del orden público que constituyeron el Caracazo, Cofavic señaló que los venezolanos conocen suficientemente las consecuencias de estados de excepción «mal decretados»: graves violaciones de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad.
La ONG manifestó preocupación por la atribución que se confiere a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y a grupos civiles, como los Comités Locales de Abastecimiento y Producción, en labores de control de orden público, sobre todo porque en el decreto no se incorporan previsiones sobre el uso proporcional de la fuerza. Recordaron lo sentenciado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso del Caracazo: «El Estado debe adoptar todas las providencias necesarias y, en particular, las tendientes a formar y capacitar a todos los miembros de sus cuerpos armados y de sus organismos de seguridad sobre los principios y normas de protección de los derechos humanos y sobre los límites a los que debe estar sometido, aun bajo los estados de excepción».
Cofavic también rechaza que el decreto deje abierta la posibilidad de que el derecho a manifestar, a asociarse y la libertad de expresión sean considerados como acciones desestabilizadoras, y que tal percepción degenere en prácticas de persecución por razones políticas.
«Los estados de excepción no pueden ser utilizados para coartar las libertades públicas, perseguir o discriminar a sectores de la población ni entenderse como la suspensión del Estado de Derecho», se insiste en el comunicado.
La ONG instó a garantizar el control del decreto por parte de la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia, así como de la OEA y la ONU.
Fuente: EL NACIONAL
Fecha: 18/05/16