Estar preparados para una fase de emergencia con un alto número de contagiados con COVID-19 que necesiten terapia intensiva requiere de una infraestructura y un equipamiento que las clínicas en la región están muy lejos de tener, aseguró representante de Cacentro.
Hasta la fecha los centros de salud privados de Carabobo mantienen cubierta la demanda de pacientes sospechosos o positivos por COVID-19 que han acudido a sus instalaciones. Sin embargo, la posibilidad de que las clínicas colapsen ante un eventual aumento exponencial en el número de contagiados con necesidad de cuidados intensivos se hace cada día más palpable.
Si se suman todos los respiradores artificiales que hay disponibles en las clínicas de la entidad carabobeña para atender a pacientes con el virus, el total no supera los 20 equipos de ventilación mecánica, detalló el vicepresidente de la Cámara de Clínicas del Centro (Cacentro), Rafael Pifano. “Desde ese punto de vista, nosotros no estamos capacitados para cubrir un brote exponencial de COVID-19, como ha ocurrido en otros países”.
A juicio del representante gremial, estar preparados para una fase de emergencia con un alto número de pacientes que necesiten terapia intensiva requiere de una infraestructura y un equipamiento que las clínicas en el estado están muy lejos de tener. “Para eso no hay capacidad instalada en Carabobo y dudo que la haya a nivel nacional”.
Datos del Ministerio de Salud del gobierno de Nicolás Maduro revelan que en Carabobo se han registrado al menos 406 casos positivos, de los cuales 214 permanecen activos, 185 están ya recuperados y al menos ocho fallecieron. Según estimaciones, cinco por ciento de los infectados por coronavirus requiere respiración asistida, esto representa aproximadamente unos 20 pacientes del total confirmado en el estado.
El diputado de la Asamblea Nacional (AN) y médico, José Manuel Olivares, advirtió a comienzos de agosto que en todo el país apenas hay 150 camas dispuestas para cuidados intensivos en el sistema de salud público. Al sumarle las del sector privado, la cifra asciende a 400, de las cuales 63% ya estarían ocupadas, principalmente en estados más colapsados como Zulia, Falcón y Anzoátegui.
“Si hay 12 mil camas, deberíamos tener mil 200 camas de terapia intensiva, pero solo hay 150. Deberíamos tener también mil 500 nuevos ventiladores”. Estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud (OMS) establecen que 10% del total de camas deberían destinarse para cuidados intensivos.
Prevención como clave
Cacentro, que agrupa a 37 clínicas distribuidas entre Carabobo, Aragua y Cojedes, apuesta a la prevención para evitar la latente posibilidad de un colapso. Es por eso que desde marzo las instituciones afiliadas a la cámara implementan protocolos de bioseguridad que han ido afinando con el transcurso de los meses, a través del intercambio constante de experiencias e información epidemiológica.
Entre las medidas ejecutadas por Cacentro, expuso Pifano, está el establecimiento de normas internas por parte de cada clínica en cuanto al horario de las consultas, cantidad máxima de personas que pueden permanecer en un consultorio, duración de las citas médicas, turnos de rotación del personal, señalizaciones y uso obligatorio de equipos de protección personal (EPP).
Agregó que también fueron aplicadas restricciones en cuanto al uso de áreas compartidas para garantizar el cumplimiento del distanciamiento físico de hasta dos metros entre una persona y otra. Además, instó a los pacientes a acudir a las clínicas solos o máximo con un acompañante de ser necesario. “Hemos tratado de disminuir en 50% el tránsito normal de personas en los centros privados”.
Caso Policlínico La Viña
El viernes 7 de agosto falleció por COVID-19 el médico intensivista Patricio Torres, jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Centro Policlínico Valencia (CPV), también conocido como Policlínico La Viña. Allí fue habilitado un piso exclusivo y aislado para la atención pacientes sospechosos o con coronavirus, en el que Torres trabajaba en la primera línea de combate contra la enfermedad.
Tras conocerse el fallecimiento del intensivista de 60 años de edad, a través de las redes sociales circuló una serie de rumores en torno a un supuesto foco de COVID-19 entre el personal de ese centro, ubicado al norte de la capital carabobeña. Esto causó nerviosismo en la población, ya que el CPV es una de las instituciones médicas privadas con mayor trayectoria en el estado.
En entrevista con El Carabobeño el doctor Gilberto Ojeda, presidente del CPV, desestimó los señalamientos y aclaró que en su equipo se reportó un grupo de seis enfermeras con síntomas menores, el cual no requirió hospitalización y arrojó negativo tanto en las pruebas de diagnóstico rápidas (PDR), como en los exámenes moleculares confirmatorios PCR, realizados por el Instituto Nacional de Higiene (INH) en Caracas.
“Incluso está corriendo por ahí que el jefe de seguridad de la clínica estuvo contaminado. Realmente sí lo tuvimos hospitalizado, pero el PCR dio negativo”, señaló el directivo del Policlínico La Viña, al tiempo que resaltó las labores de preparación que han llevado a cabo en materia de prevención desde marzo.
Protocolo de bioseguridad
Según sus declaraciones, el CPV tiene un protocolo de bioseguridad bien establecido para poder recibir a personas sospechosas o diagnosticadas con el virus. En primera instancia, los pacientes son ingresados por un área independiente de entrada de la emergencia habitual de la clínica, a través de un pasaje completamente aislado que se dirige a un ascensor de uso exclusivo para estos casos.
“Cuando nos llega un paciente sospechoso, de inmediato notificamos al epidemiólogo y al Centro de Diagnóstico Integral (CDI) que nos corresponde de acuerdo a la zona. Luego ellos envían al personal para realizar la prueba rápida y, si da positivo, hacen el PCR”, sostuvo. Todas las clínicas se ven en la obligación de ejecutar el mismo protocolo, ya que el gobierno mantiene centralizada la aplicación de los exámenes diagnósticos.
Luego de ser ingresados, son atendidos en el denominado “piso de aislamiento COVID-19” por médicos y enfermeras que cuentan con sus respectivos EPP. Para este tipo de pacientes, el CPV tiene una capacidad instalada de ocho habitaciones destinadas a los que no necesiten terapia intensiva y seis ventiladores en UCI para los que sí requieren respiración mecánica.
“Todo el personal cuenta con las medidas de protección. Eso nos permite proteger al trabajador, al paciente y a los posibles visitantes”, explicó Ojeda. “La clínica está bien sectorizada. Además, hacemos desinfección permanente de los espacios y tenemos protocolos estrictos inclusos para las consultas externas”.
El vocero del CPV apuntó que mediante la Asociación Venezolana de Clínicas han sido insistentes en solicitarles a las autoridades sanitarias que se les permita realizar las PDR y PCR en sus instituciones, a fin de descongestionar a los únicos dos laboratorios autorizados en Caracas y de esa manera poder obtener un diagnóstico precoz.
Con información de El Carabobeño