El gobierno está de fiesta porque los Comités Locales de Abastecimiento y Producción cumplieron su primer año, pero no todo lo que brilla es oro. Las cifras divulgadas por Nicolás Maduro y los voceros oficialistas pueden llevar al engaño si no se analizan con cuidado, alertan el economista Víctor Álvarez y la nutricionista Susana Raffalli, que rechazan la aplicación de este mecanismo de distribución de alimentos por insuficiente y discriminador.
De acuerdo con datos oficiales –divulgados por Freddy Bernal, su coordinador nacional– ya se han constituido 30.000 CLAP, los cuales atienden a 4,5 millones de familias que reciben mensualmente un combo de alimentos. Para armar las cajas o las bolsas, según sea el caso, el gobierno les distribuye 42 millones de kilogramos de alimentos, lo que se traduce en que a cada familia le destinan en promedio 9,3 kilos por mes. Eso representa 3,1% de los 300 kilos que debería consumir un núcleo familiar de 5 miembros en un mes, a razón de 2 kilos diarios por persona. El déficit mensual de alimentos por grupo familiar llega a 290,7 kilos.
Para abastecer adecuadamente a las aproximadamente 6 millones de familias que hay en Venezuela, a las que el gobierno quiere llegar, se necesitarían 1,8 millardos de kilos de alimentos al mes. Los 42 millones distribuidos a través de los CLAP solo representaría 2,3% de la ingesta mensual de cada hogar.
Víctor Álvarez señala que la tan cacareada ayuda a la población es ínfima y que detrás de este mecanismo se esconde una oscura intencionalidad: “Todos estos programas se diseñaron para ver cómo se le echa mano a la renta petrolera. No benefician a la gente sino que incentivan a los especuladores cambiarios”. Añade que el mismo diseño lleva a que se multiplique la corrupción. “Es un proceso de distribución perverso, con incentivos que generan prácticas corruptas, lo que a la larga destruye el mismo programa”.
Subraya que los CLAP están destinados al fracaso porque no toman en cuenta a las comunidades y dejan de lado la participación popular. “Es una imposición estatal ya que el mismo gobierno es el que los administra”.
El economista afirma que es solo un paliativo que se apega a una receta en la que se sustituye la demanda con una misma directriz para todos. “El propio contenido de la bolsa no tiene los productos que una familia de cinco personas necesita y suele consumir. Hay grupos que, por ejemplo, no comen pasta o no pueden tomar leche y ellos no tienen la opción de escoger. Aquí no se toma en cuenta la diversidad, se decide que todo el mundo debe consumir algo y no hay derecho de escoger otra cosa”.
Por su parte Susana Raffalli aclara que no son 6 millones las familias beneficiadas, sino que ese es el número de bolsas entregadas. “Cada bolsa dura para 10 o 12 días, si se trata de una sola persona. Si en la familia son 5 miembros y reciben una bolsa, esta les puede durar 3 días”.
Destaca que esas 6 millones de personas representan apenas 20% de la población venezolana, por lo que el déficit de cobertura alcanza 80%. “El gobierno no tiene una propuesta para quienes no les llegó la bolsa y tampoco para quienes les llegó y no les alcanzó para los otros 18 o 20 días del mes”.
Para Raffalli “El venezolano más pobre, aparte de requerimientos nutricionales tiene una necesidad de ciudadanía y hambre de derechos que pasan por la autodeterminación de comprar libremente lo que se quiere, cuando se quiere y como se quiere”.
Puntualiza que el gobierno no está regalando la comida, la está vendiendo. “El Estado se convirtió en una pulpería. Es inaceptable que obliguen a una persona de escasos recursos, que quién sabe cómo hace para ponerse en los 10.000 bolívares que cuesta la bolsa, a comprar mayonesa, salsa de tomate o un pote de carne enlatada. Yo no sé qué tiene de soberano y sano una carne gringa enlatada, que además es pura grasa y está llena de preservantes, y que no ayuda en nada a la alimentación de nuestros muchachos”.
Con información de: El Nacional
Fecha: 19 de marzo de 2017