Una serie de irregularidades en el manejo de fondos públicos, delitos tipificados en las leyes venezolanas y norteamericanas durante lo años 2004 a 2014 en Petróleos de Venezuela (Pdvsa), fue la conclusión de las investigaciones realizadas por la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional.
Hace unos días el presidente de esta instancia parlamentaria, Freddy Guevara, dio a conocer los resultados de la investigación que revelaron una afectación al patrimonio público nacional, “por motivo de irregularidades administrativas cometidas bajo la presidencia de Rafael Ramírez en la empresa estatal Pdvsa por $11.271.148.806,36 (Bs 140.656.192.600,54)”.
El Expediente Número 1.648 de la Comisión de Contraloría obtenido por El Estímulo ofrece detalles de cada uno de los delitos y los casos que se investigaron, igualmente contiene las declaraciones realizadas en interpelación a representantes de la empresa auditora KPMG; cuestionarios a contratistas involucradas en los casos; copias fotostáticas de facturas, contratos y órdenes de compra; copias de correos entre involucrados internos y externos; copia de memoranda confidenciales de Pdvsa y copias certificadas de documento donde constan las transferencias involucradas en las irregularidades.
Para los diputados todos estos documentos resultaron ser una serie de pruebas que elevaron a las autoridades para la ejecución de medidas sancionatorias.
Entre los principales casos destacan el plan de Estrategia de Perforación y Rehabilitación de Pozos 2006-2012, desvío de los recursos para el mantenimiento de la refinería Amuay, la contratación irregular de la gabarra Aban Pearl, el Fondo de Pensiones, los perjuicios pecuniarios por la adquisición de títulos y otros instrumentos financieros con fondos de Pdvsa en el Banco Espiritu Santo de Portugal y las irregularidades en la administración de fondos públicos que ingresaron en las cuentas del Banco de Andorra.
Un total de 22 delitos e irregularidades se plasmó en el informe de la AN, que toma en cuenta investigaciones reportadas por la Contraloría General de la República, en expedientes y juicios ejecutados en Estados Unidos, informes de anteriores comisiones de Contraloría del parlamento, sentencias del Tribunal Supremo de Justicia e investigaciones propias de la instancia presidida por Freddy Guevara.
En las conclusiones plasmadas en el expediente resalta la responsabilidad de los integrantes de la junta directiva de Pdvsa y en cuya gestión ocurrieron las irregularidades, así como la ineficacia de los órganos contralores en ejercer sanciones para los involucrados.
A pesar de que la Contraloría General actuó en algunos hechos, el Tribunal Supremo de Justicia decidió recientemente mediante sentencia que el ex ministro y presidente de Pdvsa, Rafael Ramírez está exento de investigaciones.
– A continuación los hallazgos –
1 Sobreprecio.
2 Ocultamiento de información.
3 Baja ejecución de proyectos.
4 Afectación directa del patrimonio público.
5 Carencia de soportes.
6 Irregularidades en las contrataciones.
7 Desviaciones en la ejecución de proyectos.
8 Violación a la Ley de Licitaciones, al Código de Comercio y a la Ley contra la Corrupción.
9 Falta de control posterior.
10 Adjudicaciones directas sin justificación.
11Empresas con registros vencidos en el Registro Nacional de Contratistas.
12 Violación del nivel de delegación de los funcionarios para suscribir contratos.
13 Ganancias para empresas intermediarias por sobreprecio.
14Depósito de recursos pertenecientes al Estado venezolano en instituciones financieras sin solidez y de alto riesgo.
15 Recursos públicos depositados en paraísos fiscales.
16 Presencia de contratos por interpuesta persona, incluidos familiares de la junta directiva.
17 Sobornos.
18 Conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
19Contratación con un intermediario indebido.
20 Inobservancia de los procedimientos establecidos en la ley, indebida planificación.
21 Poca transparencia sobre el uso de los fondos públicos.
22 Indebida designación de funcionario público.
– Los casos –
El Expediente de la Comisión de Contraloría expone los detalles de las investigaciones sobre irregularidades cometidas entre los años 2004 y 2014, entre ellos destaca:
Fondo de Pensiones: Uso indebido de los Fondos de Pensiones de los ex trabajadores de Pdvsa producto del montaje y aplicación de un esquema Ponzi (estafa piramidal) que expuso a inversores extranjeros a pérdidas por millones de dólares y conllevó a la apropiación de 20 millones de dólares, en coparticipación con el ciudadano Francisco Illarramendi, condenado a 13 años de prisión en EEUU.
“Tragedia de Amuay”: Explosión e Incendios de la Refinería Amuay, que derivó en la no investigación de los fondos destinados al mantenimiento de las plantas, correcto uso de los programas y equipos para la oportuna respuesta en caso de accidentes, así como el Seguro y reaseguro “suscrito” por Pdvsa.
Banca Privada d’ Andorra: Sobrefactura de servicios de la industria petrolera, pagos exorbitantes en comisiones por contratos suscritos entre la petrolera y empresas chinas, pagos para la suscripción de contratos de empresas internacionales con Pdvsa, cuentas abiertas en la Banca Privada d’ Andorra, España y Panamá, lo que hace de estas tres entidades una triangulación “para fines de corrupción y blanqueo de capitales, creación de empresas fantasmas o de maletín, con activos provenientes de la estatal petrolera”.
Banco Espirito Santo: Pérdida de fondos públicos debido a la quiebra técnica del banco. El gobierno de Venezuela, a través de Bandes y Fonden, inyectó 800 millones de euros al grupo lusitano con la compra de títulos de deuda.
Gabarra Aban Pearl: Contratación ilegal con una empresa intermediaria distinta a Bariven S.A., facultada para actuar con tal carácter en representación de Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima.
Taladros chinos: Contratación de Pdvsa con la empresa Construema S.A. a través de intermediarios y por un órgano diferente a Bariven S.A., que configuró una adquisición con sobreprecios por $257.520.000.
Liaoning Northem Steel Pipes: Adquisición de tuberías para las maquinarias petroleras con sobreprecios por $12.000.000.
Productora y Distribuidora Venezolana de Alimentos, S.A. (Pdval): Se otorgaron anticipos sin garantías a 11 intermediarios por $111.000.000, un monto por $1.508.000.000 se colocaron en 10 empresas de las cuales 6 son intermediarias y no productoras, debilidades en los procesos de colocación de las órdenes de compra que ascienden a $577.000.000 para la compra de leche, pollo y carne. Además Pdvsa incurrió en endeudamiento financiero para atender la crisis alimentaria, sin embargo, Bariven no poseía los controles, la pericia, ni la estructura para el manejo adecuado de los alimentos.
Fondo Simón Bolívar: Poca transparencia en la declaración de los aportes emitidos por Pdvsa al fondo creado para financiar viviendas y cuyo patrimonio público se vio afectado por $787.000.000.
Por último, la Comisión de Contraloría hizo alusión a la irregularidad administrativa cometida, por la indebida designación de Rafael Ramírez como presidente de Pdvsa siendo ministro de Petróleo. Recordó que su nombramiento en la petrolera se ejecutó antes de realizar las modificaciones en los estatutos de la estatal para que éste pudiera ocupar ambos cargos.
“Esto genera incertidumbre respecto a la validez de los actos refrendados por el mencionado ciudadano (contratos, oficios) durante el período comprendido entre el 20 de noviembre de 2004 y el 7 de diciembre de 2004, situación que indudablemente pone en tela de juicio la integridad moral y la actuación de buena fe del ciudadano en cuestión”, se afirma en el informe.
FUENTE: EL ESTÍMULO
11-11-2016
