80 % del sector laboral y comercial de la Guajira está paralizado, lo que impide el suministro de alimentos a las comunidades. En los municipios Mara y Guajira se han detectado más de 496 familias con niños malnutridos y deshidratados y asociados con otras patologías como cardiopatías y parasitosis.
Las medidas de confinamiento por la pandemia de COVID-19 han empeorado la situación de los derechos humanos de los indígenas en el Zulia, de acuerdo con el boletín de agosto publicado por la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez).
Las condiciones de vida en relación con los servicios públicos, de educación y salud se han venido a menos en las comunidades de la Guajira y Perijá. De acuerdo con la Codhez, la dificultad para acceder a los alimentos se ha agravado desde de marzo con la aplicación de las medidas restrictivas relativas a la cuarentena colectiva y social.
“Como consecuencia de las medidas anunciadas por los gobiernos venezolano y colombiano con motivo de la pandemia, más de 80 % del sector laboral y comercial se paralizó en la Guajira a partir del segundo trimestre de 2020. Por su parte, en la zona de la sierra de Perijá, las dificultades de acceso a los poblados, la sequía, las inundaciones y la proliferación de enfermedades presuntamente erradicadas, siguen ocasionando daños irreparables a las comunidades allí asentadas, ante la inacción e inercia estatal”, señala el informe.
Guajira sin luz y en sequía
Las fallas eléctricas en esta zona han recrudecido durante el último trimestre, con cortes prolongados que se extienden por días. El boletín de Codhez resalta la situación del 19 de agosto, cuando 80 comunidades indígenas de Paraguayo, es decir, más de 50.000 personas, quedaron sin servicio eléctrico debido a fuertes lluvias que provocaron una caída de guayas y cinco postes.
“Las autoridades manifestaron no contar con las herramientas ni combustible necesario para trasladarse a atender las averías, y varios habitantes debieron organizarse para suministrar combustible a los camiones de Corpoelec. Sin embargo, esta circunstancia persistió varios días”, destacó el texto.
Luego de más de 180 horas sin servicio, los vecinos de Paraguaipoa se concentraron en la plaza central para organizar comisiones y exigir la restitución de la electricidad. Este hecho ha sido catalogado por el Comité de Derechos Humanos de la Guajira como “una violación a los derechos humanos de más 50.000 personas”.
Con respecto al suministro de agua, el 21 de enero el gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, anunció que a partir del siguiente mes el municipio Guajira tendría agua potable por tubería. En la subregión hay poblados que tienen más de 20 años sin agua corriente, dependen únicamente de pozos artesanales, y consumen agua no apta.
“La falta de agua impide la correcta preparación de los alimentos. Hay familias que solo pueden cocinar una comida al día por no tener agua para prepararla. La falta de gas doméstico se suma a la lista de dificultades que deben afrontar los wayuu para preparar alimentos”, señaló Codhez.
Inseguridad alimentaria que persiste
De acuerdo con la comisión, el cierre de los puntos fronterizos a partir de la cuarentena obligatoria representa otra amenaza para el acceso a los alimentos de los pueblos indígenas. “Los habitantes de la Guajira deben trasladarse hasta Colombia para adquirir los pocos alimentos que pueden. Se ha denunciado que para llegar a otras zonas se debe recorrer hasta 12 kilómetros en bicicleta o caminar para adquirir tan solo tres artículos con bonos proveídos por el Gobierno”. La mayoría de los habitantes dependen del comercio informal.
Los datos aportados por la Alcaldía de Mara dan cuenta de que en este este municipio y la Guajira se han detectado más de 496 familias con niños malnutridos y deshidratados y asociados con otras patologías como cardiopatías y parasitosis. “En agosto se reportaron altos índices de desnutrición en niños de la Guajira. Algunas familias caminan hasta 20 kilómetros para pedir pescado y así contar con un plato de comida al día”, denunció el Codhez.
Otras de las situaciones reportadas por Codhez en el boletín se refieren a la precaria atención sanitaria de los pueblos indígenas, agravada en el contexto de la emergencia sanitaria por la pandemia. “Otras enfermedades permanecen desatendidas en la subregión como el paludismo, tuberculosis y VIH con limitado acceso a medicamentos y tratamientos pertinentes”.
Con respecto a la educación el informe fue claro: “Para la ejecución del plan de educación a distancia se requieren elementos básicos como el servicio continuo de energía eléctrica y acceso permanente a Internet, condiciones de las cuales carece el municipio Guajira”.
Perijá en riesgo por falta de combustible
Para la Comisión de Derechos Humanos del Zulia, el tema sanitario es uno de los principales problemas del pueblo yukpa, en especial por la reaparición del paludismo, puesto que más de 120 habitantes, entre hombres, mujeres y niños de la Sierra de Perijá, están afectados con esta enfermedad y aplican sus propios métodos curativos dado que no cuentan con medios para trasladarse a centros hospitalarios urbanos.
“La escasez de gasolina pone en riesgo la salud del pueblo yukpa. El 1° de mayo un niño mordido por una serpiente falleció porque no había gasolina para trasladarlo a un hospital que queda a seis horas de su comunidad Santa Catalina. En junio se reportaron fallecimientos de personas yukpas por COVID-19. Los caciques yukpas solicitaron la venta de gasoil para el transporte del sector, pues sus pueblos se encuentran aislados y en una posición más vulnerable frente a cualquier tipo de afección contra la salud”, se lee en el informe.
El boletín de Codhez también documenta la deficiencia de servicios hospitalarios, incremento de contagios y muertes del personal sanitario en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19 en el Zulia. “Desde el inicio de la pandemia hasta agosto, se registraron 33 muertes en el personal de salud en la región. El gremio médico ha continuado con sus constantes llamados de atención y denuncias sobre la necesidad de dotar de implementos de bioseguridad al personal que se encuentra en la primera línea de control y tratamiento de casos”.
Codhez alerta que los pueblos y comunidades indígenas del Zulia presentan problemas a gran escala que requieren soluciones de fondo. “Estos pueblos se han convertido en comunidades marginadas y desoladas”.
Hizo un llamado: “El Estado venezolano debe garantizar el disfrute pleno, sin ningún tipo de discriminación, a todas las personas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas de los derechos humanos reconocidos por instrumentos nacionales e internacionales, y ello implica atender sus necesidades básicas y asegurar el mejoramiento de sus condiciones económicas y sociales”.
Con información de Crónica Uno