El abogado Juan Manuel Raffalli, profesor de la UCAB y del IESA, afirma que en el decreto de creación de la Gran Misión Abastecimiento Soberano Nicolás Maduro ha delegado facultades que incluso en un estado de excepción no puede hacer. «Esa delegación es más amplia de lo que el estado de excepción permite en lo material, el tiempo y por las facultades que otorga. La única razón para que este decreto pueda justificarse es política».
Considera que esa extralimitación de las facultades lo hace claramente inconstitucional. Indica que al no haber restricciones la amplitud y discrecionalidad es muy grande para la actuación del llamado Comando para el Abastecimiento Soberano, en general, y para el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, en particular. «Cuando se trata de una ley habilitante se tiene que poner un marco de referencia. En este decreto no se dice cuál es la limitación de la potestad». A su juicio, el gobierno se orienta a una economía de guerra, lo que lo llevó a militarizar el sistema.
»La subordinación de los ministros a la orden del titular de Defensa altera el funcionamiento de la administración, sancionado en la Ley Orgánica de la Administración Pública», manifiesta Raffalli, quien advierte que se delegó
una facultad económica en un militar, lo que al final traslada a la FANB el costo por el desabastecimiento.
El abogado Gustavo Linares Benzo, profesor de Derecho Administrativo de la UCV, coincide en que el decreto profundiza las inconstitucionalidades de otras leyes porque da facultades para hacer lo que sea. »No hay límites y las leyes son para eso. El Comando para el Abastecimiento Soberano puede hacer lo que quiera y eso es inconstitucional». Expone que el comando sustituye a la Superintendencia de Precios Justos. »Todo lo que puede hacer ahora el comando de abastecimiento lo hacía la Sundde, que ya dejó de fiscalizar. Creo que también se van a encargar de la fijación de precios».
Observa que en el decreto no se nombra a la Sundde y tampoco aparece el Ministerio de Salud, »lo que no deja de sorprender porque es el ente encargado de velar por la distribución de alimentos y medicinas».
No se está atacando el problema de fondo
El economista Richard Obuchi, profesor del Centro de Políticas Públicas del IESA, cree que lo más grave del decreto es que parte de una premisa errónea y de una evaluación inadecuada de la realidad. »Ponen el acento en la distribución en vez de reconocer que hay una profunda crisis de producción y de oferta».
A su juicio, nada en el decreto va ayudar a que mejore el desabastecimiento en el país. Considera que las medidas que se han tomado son totalmente inconvenientes. »Todas las lógicas de reorganización y más concentración de poder son erróneas. No es ordenar, hay que cambiar la orientación del modelo económico». Explica que no es relevante que sean militares o no los que ejecuten las medidas. »Eso no hace mayor diferencia. El caso es que se toman medidas que no van a ayudar en nada al crecimiento de la economía del país». Obuchi manifiesta que para salir de la crisis se debe reconocer que el problema, con políticas inadecuadas, está vinculado a una centralización excesiva, al control de los medios de producción que ejerce el Estado, a la destrucción del aparato productivo, a la intervención directa, al conflicto continuo y a la escasa cooperación. »Si eso no cambia radicalmente, en nada cambiará el problema. Hay que estabilizar las variables macroeconómicas y ayudar a que exista un mejor ambiente que favorezca la inversión y la producción».
Para el economista Carlos Miguel Álvarez, coordinador del Departamento de Investigación de Ecoanalítica, con el decreto se legaliza la intervención del estamento militar en el tema del abastecimiento. »Es algo que ya venía ocurriendo; el problema es que esas facultades que se les han otorgado se traducen en más controles porque se asume que lo hace falta es disciplina para que todo funcione». Señala que las medidas apuntan a controles. »Es un error. No se está atacando el problema de fondo, sino sus consecuencias. Mientras no se dé libertad económica, se liberen los controles y haya libertad de cambio se generarán más problemas. Los revendedores van a continuar porque son causa directa de las distorsiones generadas por la sumatoria de controles y estos no generan soluciones».
FUENTE: EL NACIONAL