Los cancilleres europeos reunidos en Luxemburgo no le dieron ni un mínimo período de gracia a la nueva vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez. La principal colaboradora de Nicolás Maduro encabeza la lista con los 11 sancionados por la Unión Europea, que incluye a personajes del chavismo, militares y rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE).
A todos se les congelarán los bienes y las cuentas que posean en todos los países miembros, además de prohibírsele el ingreso en el continente y la posibilidad de hacer negocios. Delitos electorales, violación de derechos humanos y, en definitiva, «haber socavado la democracia y el Estado de Derecho» son las principales acusaciones contra los 11 dirigentes, que se unen a los ocho señalados a principios de año.
La UE afianza así su posición firme en el bloque que desconoce los resultados de los comicios de mayo y la «reelección» de Maduro, junto a los países latinoamericanos del Grupo de Lima, Estados Unidos y Canadá. Un nuevo giro de tuerca en la presión internacional contra el gobierno de Caracas.
La cercanía de Rodríguez a Maduro y su transformación en pieza fundamental del poder revolucionario en cinco años ha sumado argumentos en su contra. «Además de negar cínicamente la emergencia humanitaria, se prestó para dirigir el órgano ilegítimo de la Asamblea Nacional Constituyente y ahora servirle a Maduro».
La ex canciller protagonizó el domingo pasado su última polémica al afirmar en una entrevista televisiva que «la revolución es su venganza personal». Rodríguez se refería una vez más al asesinato de su padre durante la IV República, hace más de cuatro décadas. Un crimen cuyos ejecutores fueron juzgados y condenados.
Otra parte de los otros sancionados forma parte de la cúpula del poder chavista, como es el vicepresidente económico, Tareck El Aissami, el exvicepresidente Elías Jaua y el antiguo policía Freddy Bernal.
Europa también puso sus ojos en tres militares de alto rango, vinculados con la represión: el general Jesús Suárez Chourio, comandante general del ejército; el inspector general de las fuerzas armadas, Sergio Rivero Marcano, y el general de brigada Iván Hernández Dala, cabeza de mando de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).
Las rectoras electorales Sandra Oblitas y Socorro Hernández, junto a Xavier Moreno, secretario general del CNE, se han unido a su presidenta, Tibisay Lucena, sancionada en la primera lista expuesta por la UE.
La revolución acusa a Bruselas de «flagrante subordinación» de la UE al presidente estadounidense Donald Trump, pese a que la UE, de forma deliberada, no ha profundizado en medidas contra el Estado y se ha focalizado exclusivamente en sancionar a sus dirigentes.
Con información de El Nacional