Un grupo de trabajadores de Sidor atribuye la destitución de Yajaira Rangel, presidenta de Sidor hasta el viernes, y el nombramiento de Néstor Astudillo como nuevo titular de la acería, a las protestas por mejores beneficios contractuales y denuncias de terrorismo en la empresa.
En una asamblea de trabajadores en el portón de Sidor, al menos ese fue el planteamiento de un grupo de sidoristas que han denunciado la persecución y hostigamiento laboral. Si bien están conformes con la salida de Rangel, la situación no cambia con Astudillo al frente de la siderúrgica. La expectativa de un sector del desintegrado movimiento siderúrgico es lograr la restitución de sus beneficios laborales, que fueron aniquilados en 2014 con la anulación de la contratación colectiva y la intervención del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss) a través de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Desde entonces no hay elecciones.
Reinaldo Calvo, coordinador de los delegados departamentales de Sutiss y militante del movimiento oficialista Alianza Sindical, reiteró su rechazo al amedrentamiento en la compañía por parte de la directiva saliente.
Denunció el condicionamiento de los beneficios laborales a una jornada de asistencia sin que se les garantice el beneficio de transporte. En consecuencia, dijo Calvo, el sueldo de los empleados quedó dividido en tres: el de los que no asisten a la empresa por falta de transporte, los que asisten irregularmente y el de los que van a sus puestos de trabajo como pueden.
Las expectativas con Néstor Astudillo, nuevo presidente de Sidor, es que puedan reunirse y discutir los reclamos de los trabajadores. Astudillo fue designado el pasado viernes por el presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Pedro Maldonado, y el ministro de Industrias y Producción Nacional, Tareck El Aissami, en medio de protestas laborales por las paupérrimas condiciones laborales y de seguridad que atraviesa la siderúrgica. En 2011, después de las investigaciones por el tráfico de cabillas, fue ascendido y encargado del despacho y comercialización del producto ferrosiderúrgico.
Pese a ese currículo, la dirigencia asegura que no abandonará el portón. “La lucha no termina con la salida de Yajaira Rangel, que fue la etapa más nefasta y corta que ha pasado por Sidor. Estamos exigiendo una discusión para restablecer los beneficios de los trabajadores, restituir la relación obrero-patronal, porque lo que queremos es producir”, afirmó Calvo.
Hostigamiento militar
Las denuncias del hostigamiento mediante cuerpos de seguridad del Estado la hicieron también otros dirigentes del chavismo. En rueda de prensa José Meléndez, secretario de organización de Sutiss y líder de Alianza Sindical, rechazó la presencia de estos órganos para impedir la voz de protesta de los sidoristas.
Meléndez, que hasta 2019 también asumió un cargo patronal como vicepresidente de Desarrollo Territorial de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), habló este lunes como dirigente sindical de lo que queda de Sutiss tras casi siete años en mora de elecciones.
“Hay una burocracia que secuestra la vocería de los trabajadores que reclaman sus derechos. Es un grupo que le está haciendo daño a los trabajadores y no se están tomando en cuenta las peticiones que estamos haciendo”, afirmó Meléndez, quien en 2014 asumió la firma de un contrato colectivo en Sidor sin el consenso del comité ejecutivo.
Denunció que la presencia de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) es con el fin de intimidar la protesta y eliminar la institución sindical.
Este mismo mecanismo lo han aplicado en otras estatales como Ferrominera y el Complejo Siderúrgico Nacional (antigua Sidetur), donde a través de fuerzas militares despojaron a los trabajadores de sus sedes sindicales, además de detenciones arbitrarias y amenazas de encarcelamientos.
“Están escuchando una sola campana para silenciar la voz de protesta de los trabajadores a quienes les están destruyendo el patrimonio de su familia, y los tratan de reprimir”, reiteró.
Desde agosto de 2018, con la reconversión monetaria, se impuso en todas las empresas un tabulador de la administración pública, con el que se violó no solo las contrataciones colectivas de las empresas básicas, sino que ello significó el incumplimiento de beneficios de HCM, uniformes, vacaciones, prestaciones, útiles y becas escolares, planes vacacionales, entre otros.
Las protestas laborales también trajo más persecución y el arresto de 13 empleados, entre ellos el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Ferrominera (Sintraferrominera), Rubén González.
Con información de Tal Cual