La Iglesia exhortó al Poder Electoral a cumplir con los pasos constitucionales para que se concrete el revocatorio. «El Consejo Nacional Electoral tiene la obligación de cuidar el proceso del referéndum para que se realice este año. Es un camino democrático, un derecho político. Impedirlo o retrasarlo con múltiples trabas es una medida absurda, pues pone en peligro la estabilidad política y social del país, con fatales consecuencias para personas, instituciones y bienes».
En la exhortación pastoral de la 106 Asamblea Ordinaria de obispos, leída por el arzobispo de Maracaibo, monseñor Ubaldo Santana, el clero considera que la democracia en el país está resquebrajada. «Vivimos prácticamente al arbitrio de las autoridades y de los funcionarios, quienes tienden a convertirse en los censores de la vida, del pensamiento y de la actuación de los ciudadanos. Tales actitudes y procedimientos son inaceptables», afirmaron los obispos.
Aseguraron que el gobierno y el resto de los poderes públicos no han hecho lo suficiente para la concertación. «El diálogo sincero y constructivo, el ejercicio de la política como búsqueda del bien común, han de seguir siendo los caminos que debemos transitar», indicaron. Advirtieron, sin embargo, que es imposible dialogar sin el reconocimiento de la existencia y la igualdad del otro y que ignorar o descalificar al interlocutor cierra las posibilidades de superar el conflicto.
Los obispos tildaron de belicista y agresivo el discurso de los dirigentes oficialistas. «La prédica constante de odio, la criminalización y castigo a toda disidencia afectan a la familia y a las relaciones sociales. El acrecentamiento del poder militar es una amenaza a la tranquilidad y a la paz».
La CEV alertó sobre el toque de queda debido a la inseguridad. «En Mérida, fueron agredidos transeúntes, entre ellos un grupo de seminaristas menores de edad. Fueron golpeados y desnudados, violando sus derechos a la dignidad y al respeto, sin que ninguna autoridad pública interviniera para protegerlos. Los recientes desórdenes en Cumaná y Tucupita, así como los intentos de saqueos y cierres de vías por protestas populares, constituyen una expresión del creciente malestar social».
La Iglesia abogó por el respeto a la autonomía de los poderes públicos, entre ellos la Asamblea Nacional. Pide la reapertura de la frontera, cerrada en agosto de 2015, y reitera el llamado al gobierno para que permita la ayuda humanitaria. «Para la recepción y distribución de medicamentos, la Iglesia ofrece los servicios de Cáritas y de otras instancias eclesiales e instituciones privadas», señaló.
El clero considera que hay una drástica reducción de la calidad de vida en el país: «La escasez y carestía de alimentos, medicinas e insumos hospitalarios nos está llevando al borde de una crisis de seguridad alimentaria y sanitaria, con consecuencias sociales impredecibles».
Destacaron el crecimiento de la impunidad y la represión militar.
FUENTE: EL NACIONAL