La Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) expresó este viernes su rechazo a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) por considerar que esta vulnera la progresividad de los derechos humanos (DDHH) y “sumerge” al país en una situación de “convulsión social y violencia”.
Mediante un comunicado, la institución eclesiática aseguró que la “mayor violencia” –en el marco de las manifestaciones antigubernamentales– la ejercen, a su juicio, los efectivos de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y “colectivos” con el uso de “armas prohibidas”.
El texto suscribe que, tal y como lo expresó la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en el país hay una “ruptura” del hilo constitucional debido a las sentencias 155 y 156 del Tribunal Supremo de Justicia.
Añade que el Gobierno nacional, pese a ser el garante superior de los derechos, la paz y la seguridad pública “se ha convertido en su principal trasgresor, violentando y atacando residencias familiares de ciudadanos indefensos, agrediendo sin distinguir localidades ni personas, situación que consideramos social y moralmente injustificable”.
La Comisión de Justicia y Paz de la CEV exhortó al Ministerio Público (MP) a realizar las investigaciones pertinentes contra funcionarios públicos involucrados en hechos de violencia; además instó al Consejo Moral Republicano “a velar por el efectivo respeto y garantía de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución”.
También le exigió al Poder Judicial “que conozca de las causas y asuntos que son de su competencia y que le correspondan en el conocimiento de las violaciones de los derechos humanos, recordándoles su independencia ante los demás poderes que garantizan la vigencia y el equilibrio del Estado de derecho, y que la potestad de administrar justicia emana de los ciudadanos y ciudadanas para que se imparta en nombre de la República y por autoridad de la Ley”.
La organización religiosa igualmente condenó que civiles estén siendo juzgados en tribunales militares, lo que constituye una “violación al derecho fundamental al debido proceso que tiene toda persona a ser juzgada por sus jueces naturales (…)”
Fuente: El Universal
Fecha: 17 de junio de 2017