El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, presentó este miércoles los 6 casos por los que la Contraloría General de la República envió notificaciones a funcionarios que laboran en la Gobernación, así como a su persona. Durante rueda de prensa, alegó que en ninguno de los señalamientos hubo daño patrimonial para el pueblo mirandino.
El primer caso es por Presupuesto Reducido para el año fiscal 2010 y 2013. Ante esto, la defensa presentó oportunamente el déficit presupuestario para los años 2011, 2012 y 2013, como consta en el expediente, tanto al Vicepresidente de la República, a la Oficina Nacional de Presupuesto, ante el Ministro del Poder Popular de Planificación y Finanzas, como ante el Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz, sin obtener oportuna respuesta.
Cabe destacar que la insuficiencia presupuestaria es la principal circunstancia de la reconducción del presupuesto y los Decretos de Reconducción se encuentran ajustado a derecho. El mismo fue ejecutado por el Ejecutivo regional, el Consejo Legislativo y la Contraloría del Estado Miranda.
El segundo caso fue por Convenios de Cooperación Internacional (ejercicio fiscal 2010 y 2011). La Contraloría alega que son contratos de interés público y que debían ser aprobados por la Asamblea Nacional.
Por su parte, la defensa alega que los convenios son de naturaleza donativa, a título gratuito, no tratándose por ende de contratos de interés público. En este caso fueron aprobados por el Consejo Legislativo del Estado Bolivariano de Miranda. Proyectos debidamente ejecutados.
El tercer caso es por Publicidad institucional, con la empresa Venevisión y Venevisión Plus. La Contraloría alega que debía aplicarse las modalidades de selección de contratistas. La defensa alega que los contratos están excluidos de las modalidades de selección de contratistas de conformidad con lo previsto en el artículo 5 de la Ley de Contrataciones Públicas.
El cuarto punto es por Seguro funerario. La Contraloría alega que fueron pagados anticipos de 40% sin estar establecidos en el pliego de condiciones. Por su parte, la defensa argumenta que el monto y pago de un anticipo no es un requisito que debe contener el Pliego de Condiciones tal y como se desprende del artículo 44 de la Ley de Contrataciones Públicas, y como así lo reconoce la Contraloría en el Informe de resultados.
El quinto punto es por HCM y Servicios Funerario. La Contraloría alega que no se asignaron los créditos necesarios a la partida presupuestaria correspondiente. Por su parte, la defensa señala que las actuaciones fiscales de la contraloría confunden y mezclan Ordenes de Pagos, partidas presupuestarias y montos de los Contratos con otros del mismo ejercicio fiscal.
En el sexto punto fue por Contrataciones varias. Se trata de 12 contratos entre los ejercicios fiscales 2011, 2012 y 2013, cuyas Fianzas de Fiel Cumplimiento se constituyeron posterior a la suscripción de los contratos. La defensa alega que el criterio de la Contraloría es incorrecto, pues no se pueden constituir válidamente fianzas de contratos inexistentes, ni por instituciones bancarias o seguros.
En el caso de los 12 contratos referidos, como consta en el expediente, existieron las fianzas debidas, por el porcentaje previsto en la Ley de Contrataciones y la Gobernación no efectúo ningún pago antes de la consignación de las mismas. Los contratos fueron plenamente ejecutados.
FUENTE: PRENSA HENRIQUE CAPRILES
LUGAR Y FECHA: AREA METROPOLITANA, 11 DE ENERO DE 2017