Dentro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU se aprobó otra resolución para que continúe la cooperación de la Oficina de la Alta Comisionada de DDHH con el Gobierno de Venezuela
El Consejo de DDHH de la ONU aprobó este martes 6 de octubre una resolución donde se extiende por dos años el mandato de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, encargada de investigar violaciones como detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.
La resolución, impulsada por Perú y otros 15 países pertenecientes al Consejo, fue aprobada con 22 votos a favor, tres en contra (Venezuela, Eritrea y Filipinas) y 22 abstenciones. El mandato de esta resolución estipula que la Misión continúe investigando sobre estas violaciones a los derechos humanos, desde 2014, además de la situación del Arco Minero del Orinoco.
La Misión de Determinación de Hechos deberá presentar dos actualizaciones orales y dos informes, además de entregar todos sus resultados a la Asamblea General de Naciones Unidas.
Además, los países piden al Estado venezolano que «cooperen plenamente» con la Oficina del Alto Comisionado y la Misión, concediendo «acceso inmediato, pleno y sin restricciones a todo el país, incluidas las víctimas y los lugares de reclusión», al igual que acceso a la informaciópn que les permita cumplir con sus mandatos.
Además, solicitan que se garantice «que todas las personas tengan acceso sin trabas a las Naciones Unidas y otras entidades de derechos humanos y puedan comunicarse con ellas sin temor a represalias, intimidación o ataques».
Los países también aprobaron seguir pendientes de la situación venezolana, «y considerar la posibilidad de adoptar nuevas medidas, como establecer una comisión de investigación, si la situación sigue deteriorándose o si las autoridades venezolanas no cooperan seriamente con la Oficina del Alto Comisionado, la misión internacional independiente de determinación de los hechos y los procedimientos especiales».
Más resoluciones de DDHH
Más temprano, dentro del Consejo de DDH se aprobó otra resolución sobre el país, impulsada por Irán, acerca del fortalecimiento de la cooperación en Derechos Humanos en Venezuela, que fue respaldada por la administración de Nicolás Maduro.
Angola, Burkina Faso, Camerún, Eritrea, Fiji, Indonesia, México, Namibia, Nepal, Pakistán, Filipinas, Catar y Sudán respaldaron esta moción, mientras que naciones como Australia, Perú, Chile, Brasil, Islas Marshall, Ucrania y Uruguay, votaron en contra.
Por otro lado, 26 naciones se abstuvieron en emitir voto respecto a la iniciativa de Teherán.
Para el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), la poca participación durante esta votación deja en evidencia que la gestión de Maduro está aislada en el Consejo de DDHH y por eso «paga el precio de su falta de cooperación» con la oficina de la Alta Comisionada de la ONU en esa instancia, Michelle Bachelet, así como el incumplimiento de sus recomendaciones.
A pesar de esto, según Provea, lo aprobado respalda la presencia de la oficina liderada por Bachelet en nuestro país donde se dejó claro que el Ejecutivo presidido por Nicolás Maduro debe dejarla estar en Venezuela y permitir su autonomía y pleno ejercicio de sus facultades.
Uno de los países que se abstuvo de emitir el voto fue Argentina -cuyo representante en la OEA fue polémico al emitir declaraciones afines a Nicolás Maduro y que luego el canciller Felipe Solá tuvo que salir a aclarar la posición de Buenos Aires sobre nuestra nación- .
Según la nación sudamericana, considera que el proyecto «presenta un insuficiente reconocimiento por parte de las autoridades venezolanas, de su responsabilidad por la situación de los DDHH en su territorio (…) Instamos al gobierno venezolano a cooperar plenamente con todos los mecanismos de este consejo y a implementar las recomendaciones hechas por la Alta Comisionada en sus informes».
A pesar de esto, cree que debe apoyarse el trabajo de la Alta Comisionada para mejorar la situación de DDHH dentro de nuestro país y deben orientarse los pasos para establecer una oficina permanente acerca de este tema en Venezuela.
Por su parte, la Unión Europea condenó la represión que existe en el país contra disidentes políticos y en ese sentido, exigió la libertad de todos los presos políticos y a quienes fueron detenidos de forma arbitraria, argumentando que los DDHH forman parte de la solución de la crisis y al igual que Argentina, piden a Venezuela que acate las recomendaciones hechas por Michelle Bachelet.
Perú, en nombre de 10 países más, reclamó que el gobierno venezolano fuese selectivo al momento de cooperar con la alta comisionada y criticó que no se haya avanzado en cuanto al cumplimiento de las recomendaciones hechas por Bachelet, pues aún las FAES siguen activas, así como la persecución y hostigamiento de defensores de derechos humanos y periodistas.
Tal Cual