El Foro Venezolano de Investigación Criminal considera imperativo que el gobierno nacional decida la desactivación en todo el país de las denominadas zonas de paz, creadas en septiembre de 2013 durante la gestión de Hugo Chávez y que «fueron designadas sin ningún asidero legal», indica el análisis de expertos reunidos en esta agrupación.
En el estudio realizado por los comisarios Luis Godoy y Edgar Delgado, licenciados en Ciencias Policiales y ex funcionarios del Cicpc, se señala que con la desactivación de esas zonas se enviaría un mensaje claro y directo a las bandas organizadas que dominan esos territorios, pues ya no podrían operar a sus anchas en espacios ahora seguros para ellos.
Como ejemplo se refieren varias zonas de Miranda, al barrio San Vicente, en el municipio Girardot de Aragua, la Cota 905 y diferentes sectores del 23 de Enero, denominadas zonas de paz, donde está en minusvalía la acción de los cuerpos policiales.
Los expertos proponen que se inicie un proceso de identificación de los integrantes de esas organizaciones para capturarlos, pero recomiendan antes hacer un monitoreo de las finanzas de las bandas, de dónde provienen sus activos, así como el rastreo de sus llamadas telefónicas para conocer las conexiones y así identificar la mayor cantidad de integrantes, sus cómplices y encubridores.
Una de las sugerencias que hace el Foro Venezolano de Investigación Criminal al gobierno es devolverles a los organismos de seguridad las competencias que tienen por mandato de ley para que coordinen el acorralamiento de las organizaciones delictivas a fin de que se restituya el respeto y temor del delincuente hacia la fuerza pública. «Eso redundará en la confianza, autoestima y sentido de pertenencia del funcionario policial», aseguran los expertos.
Godoy y Delgado se refirieron a que la delincuencia no respeta ni las sedes policiales, a las que les lanzan granadas, las atacan con disparos, y además secuestran y ultiman a policías y militares.
El foro también hace recomendaciones en materia carcelaria a fin de que el Estado restituya el control de los establecimientos carcelarios, que debería empezar por la remoción inmediata de las autoridades penitenciarias. «Desmantelar cada una de las estructuras paraestatales que han creado los presos», señalan, y agrega que hay que investigar los activos y las conexiones telefónicas de los pranes para someterlos a un verdadero régimen penitenciario.
En este punto los expertos también creen necesario la descentralización de las cárceles para que queden en manos de gobernaciones y alcaldías.
FUENTE: EL NACIONAL