Corredactores de la Constitución de 1999, ex militantes del chavismo, avalaron ayer los argumentos constitucionales y normativos de la Asamblea Nacional para anular el proceso que terminó el 23 de diciembre de 2015 con la designación de 13 magistrados principales del Tribunal Supremo de Justicia y 21 suplentes.
Ricardo Combellas, Ernesto Alvarenga y Alberto Jordán Hernández consideran acertada la decisión adoptada por la mayoría opositora, que dejó sin efecto el nombramiento y juramentación de los 34 magistrados por parte de la legislatura anterior, dominada por el PSUV.
«Fue una decisión tardía, diría yo, porque el Bloque Constitucional recomendó la medida desde un primer momento. Incluso las decisiones inconstitucionales de esos magistrados deben ser revocadas. La de la Asamblea es una decisión trascendental, contundente, que le da su soberanía a la AN. Esperamos que a esta medida se sume la restitución de los diputados de Amazonas que fueron removidos por esa sala inconstitucional», afirmó Hernández
Alvarenga, que presidió en el año 2000 la comisión que designó al TSJ y al Poder Ciudadano, enfatizó que el Legislativo es el poder originario porque de él surgen los demás, excepto el Ejecutivo. «Me parece ajustada y a derecho la decisión que tomó la Asamblea Nacional el jueves», indicó.
Combellas, por su parte, se adelantó a un eventual fallo que pudiera emitir el TSJ sobre la medida: «La decisión del Parlamento está ajustada a sus competencias de autotutela. Sería fantasiosa cualquier otra interpretación. Los magistrados tendrían que inhibirse y llamar a los suplentes, pero seguiría la misma situación porque es todo un bloque de magistrados sujetos a los dictados del partido y del Ejecutivo. Lo han demostrado».
Frank Payares, uno de los asesores jurídicos de la ANC, aclaró que al no tratarse de la remoción de los magistrados, sino de haber dejado sin efecto un procedimiento ejecutado por la misma AN, al TSJ solo le queda desincorporar a los magistrados.
«No hay un solo argumento de defensa. Frente a tal violación de la Constitución y los procedimientos, el Tribunal no puede ni siquiera pronunciarse. Solo la Asamblea puede decidir si hubo vicio en su procedimiento. En derecho se llama ‘por contrario imperio’, que significa que si cometo un error en el procedimiento y me percato de él puedo enmendarlo para hacerlo bien. Eso fue lo que hizo la AN», explicó Payares.
Por su parte, Jesús Casal, consultor jurídico del Parlamento, fue tajante: «Los magistrados quedan desincorporados de sus cargos. Esa designación le correspondía a la actual Asamblea Nacional en diciembre de 2016, pero de manera forzada se obtuvo la renuncia adelantada de los magistrados y luego se registró un proceso fraudulento e inconstitucional».
Documento. Los corredactores de la carta magna consignaron ayer al presidente del Parlamento, Henry Ramos, un comunicado denominado Declaración al país, emitido el 14 de junio y firmado por 21 constituyentes, todos ex militantes del chavismo, excepto Allan Brewer Carías y Virgilio Ávila Vivas. Luis Miquilena encabeza la lista de firmantes, en la que destacan los gobernadores Liborio Guarulla y Henri Falcón.
En el documento los constituyentes expresan su preocupación por el «quebrantamiento constitucional, dado el desconocimiento de la voluntad popular expresada el 6D». Además, fijan posición sobre los tres temas álgidos del debate político actual: los presos políticos, el revocatorio y el diálogo.
«Hacemos votos por la libertad de los presos políticos y por la reconciliación nacional. Consideramos que, ante la quiebra del Estado de Derecho, existe una vía genuinamente democrática y constitucional en el recurso electoral del referéndum revocatorio. El referéndum debe efectuarse este año, pues el pueblo decidirá soberanamente su destino político. Los constituyentes que suscribimos este pronunciamiento nos comprometemos a colaborar en la creación de un clima de tolerancia y diálogo, orientado por el pluralismo político», dice el texto.
El documento, al que se podrían sumar más corredactores de la Constitución, será presentado al defensor del pueblo y constituyente Tarek William Saab y ante la oficina de la OEA en Caracas, próximamente. «No finalizamos hoy con esto. Hace poco me comuniqué con el despacho del defensor del pueblo solicitándole que nos reciba porque él también fue constituyente. También lo vamos a consignar ante la oficina de la OEA en Caracas», dijo Alvarenga.
Al momento de la entrega del texto al presidente de la AN, Antonio Di Giampaolo resumió su contenido, y sobre el revocatorio señaló: «Se pone el énfasis en el referéndum revocatorio, un recurso electoral, democrático y constitucional para que el pueblo decida de manera soberana y libre cuál es el destino de la patria, si escogen revolución o si escogen Constitución».
Combellas por su parte, habló de la transición política que se avecina: «Venezuela, con todos sus problemas, tiene una ventaja sobre muchos procesos de transición. Porque estoy convencido de que Venezuela va ineluctablemente a un proceso de transición política que va a implicar tal vez un cambio de gobierno, pero que tiene que terminar en un cambio de régimen para volver a la Constitución y que esta se convierta en la hoja de ruta para articular un cambio político pacífico sin recurrir a la violencia».
Seguidamente destacó el papel del Legislativo en la actual coyuntura: «La AN es la institución del Estado más legítima en este momento, pues recogió el sentir popular en la última elección. Tiene una responsabilidad muy grande en el manejo de esta situación. Esta institución tan fundamental para la democracia queremos que sepa que un grupo de los constituyentes está dispuesto a apoyar y respaldar cualquier iniciativa y a llamar la atención sobre la importancia de que el camino sea la Constitución».
El presidente de la AN agradeció el respaldo y ratificó que el ente no acatará ninguna decisión del TSJ que viole el texto constitucional.
FUENTE: EL NACIONAL