Producto de la coyuntura económica, los consumidores y usuarios se han visto envueltos, prácticamente sin derecho a pataleo, en una cantidad de situaciones insólitas para el resto del mundo: ventas condicionadas, uso de captahuellas, y hasta el manejo indebido de los instrumentos financieros (tarjetas de débito, claves bancarias, números de cuenta) y documentos legales (cédula, pasaportes, etc). En Venezuela, ya es común que los clientes dicten, en voz alta, el número de su cédula, su clave de tarjeta de débito y que al final de la compra no obtenga ningún comprobante de la transacción.
En el contexto de distorsión económica que enfrenta Venezuela, surgen situaciones que ponen a los consumidores y usuarios en una doble situación de vulnerabilidad. Los ciudadanos perdieron la oportunidad de elegir productos o servicios de calidad y al no saber cómo exigir sus derechos se dicen víctimas del “sálvese quién pueda”. Sonia Díaz, quien fue objeto de una estafa por parte de una empresa prestadora de servicio técnico, se siente desamparada ante la promesa de un reembolso que nunca sucedió.
Diaz observó que su horno eléctrico marca Whirlpool dejó de funcionar y el 21 de enero de 2018 decidió contactar a un “agente autorizado” de esta empresa. Luego de dos visitas, el personal de servicio técnico retiró la tarjeta eléctrica del horno y el termostato, cobrando 25 millones de bolívares fuertes por ambas reparaciones, pero el equipo de cocina quedó igual que antes: prende durante 15 minutos y se apaga.
Pese a que Díaz hizo reclamos por teléfono y hasta se presentó en la sede de la empresa, una casa en el Llanito, nunca tuvo el reembolso de su inversión y presume que no tendría ningún éxito si intentara emprender una demanda: no tiene pruebas del registro contable con la empresa debido a que hizo los pagos a nombre de cuentas personales y no le quedó ninguna factura. Como ella, otros usuarios denuncian el robo de piezas originales y hasta la producción de desperfectos en sus equipos, pero pocos saben cómo defenderse. “Aquí no se hacen responsables de nada”, apunta.
Para Díaz, el cliente “se siente desamparado porque no hay a quién recurrir” y Roberto León Parilli, presidente de la Asociación Nacional de Usuarios y Consumidores (Anauco), concuerda con esto. Parilli sostiene que los usuarios y consumidores venezolanos enfrentan dos niveles de vulnerabilidad: el Estado ha desdibujado las instituciones y los mecanismos para responder a las denuncias, abocados a intervenir en la economía, y advierte que el otro nivel de vulnerabilidad obedece al desabastecimiento y el mal funcionamiento de los servicios públicos y privados. “El consumidor no tiene la capacidad de elegir y paga por lo que hay. Esa situación nos hace tener que aceptar lo que hay, aunque no nos guste”, agrega.
Así, producto de la coyuntura económica, los ciudadanos se han visto envueltos en una cantidad de situaciones insólitas para el resto del mundo: ventas condicionadas, uso de captahuellas, y hasta el manejo indebido de los instrumentos financieros (tarjetas de débito, claves bancarias, números de cuenta) y documentos legales (cédula, pasaportes, etc). En Venezuela, ya es común que los clientes dicten en voz alta el número de su cédula, su clave de tarjeta de débito y que al final de la compra no obtengan ningún comprobante de la transacción.
Con información de Crónica Uno.