En 2018 al menos 12 indígenas han muerto por la violencia relacionada con la actividad minera en sus territorios. Así lo asegura la asociación civil Kapé Kapé dos días después de que un miembro de esta comunidad muriera en un ataque armado en Campo Carrao , municipio Gran Sabana del estado Bolívar.
Kapé Kapé cree que estos homicidios ocurren amén del descontrol social y sanitario que ha significado la presencia cada vez más invasiva de la práctica minera en sus tierras. “La lucha por el respeto de sus derechos ya no se circunscribe a la contaminación del medio ambiente y las fuentes de agua, el deterioro de la salud y la inseguridad alimentaria. Hoy más que nunca los pueblos indígenas se juegan la vida por la defensa de sus derechos”, apunta la asociación civil.
Históricamente los pueblos indígenas de Venezuela han vivido en condiciones de pobreza, discriminación, exclusión y desigualdad en los diversos ámbitos de la vida nacional (salud, educación, alimentación, etc). Pero desde el auge aurífero, la violencia es otro azote de la comunidad indígena.
El sábado 8 de diciembre, presuntos funcionarios de la Dirección General Contrainteligencia Militar (Dgcim) ingresaron a un sector de Campo Carrao y dispararon a los indígenas que hacían vida allí. Uno de ellos falleció horas después y dos más fueron alcanzados por los tiros.
Al respecto, no ha habido un pronunciamiento oficial sobre quiénes son los responsables de esa incursión armada. Solo se conoce que miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb) sostuvieron reuniones con los caciques de la comunidad. Los militares pedían la entrega de los detenidos que tienen los pemones.
El 4 de noviembre los indígenas de la comunidad de Picatonal en Amazona, vivieron el fuego cruzado entre grupos irregulares y organismos del Estado, en otra batalla por el control de las riquezas, que para estos pueblos es sagrada.
Ese día tres funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) murieron y 10 resultaron heridos, luego de ser emboscados por miembros de grupos irregulares en la comunidad indígena Picatonal. Los locales aseguran que los responsables eran parte de una célula del Ejército de Liberación Nacional colombiano. Esta versión fue negada por las autoridades nacionales.
José Sargento Sabio Camico, indígena del pueblo Piaroa, fue privado de libertad en Picatonal, el pasado 4 de noviembre. 12 comunidades consideraron esa detención como “una amenaza directa a los indígenas que habitamos en los territorios existentes en la frontera“.
A su vez reclamaron una investigación imparcial de los hechos ocurridos en Picatonal y demandan que el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, constate la realidad de los pueblos aborígenes, por la continua vulneración de los derechos humanos de estas comunidades.
“Kapé Kapé aprovecha la conmemoración de los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos para instar, una vez más, al Estado a tomar medidas que protejan los derechos de los pueblos indígenas por encima de las políticas extractivistas que vulneran lo establecido en la Constitución vigente y la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas”, apunta un comunicado de la asociación civil.
Con información de Efecto Cocuyo