El coordinador general del Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), Rafael Uzcátegui, asegura que por varios años consecutivos en Venezuela se han ido deteriorando los indicadores de los derechos humanos; por lo que afirma que este año la situación ha sido negativa en esta materia.
A juicio de Uzcátegui, en 2019 se profundizó la dictadura de Nicolás Maduro, la emergencia humanitaria compleja, la migración forzada, la pobreza, la desigualdad y la exclusión en el país. Sin embargo, para el representante de Provea, la visita de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de las ONU para los Derechos Humanos a Venezuela, así como la presencia de dos representes en el país, puede calificarse como avances, a pesar de que hace falta progresar más.
No obstante, Rafael Uzcátegui considera que aún hay mucho por hacer por los derechos humanos en Venezuela; ya que el incumplimiento de los estándares mínimos en esta área por parte de Maduro evidencian su verdadera voluntad política.
Contrario a que Uzcátegui considera que el próximo año no será positivo, cree que existirán las oportunidades para que la sociedad civil tenga su propia voz en medio del conflicto y sumen al restablecimiento de la democracia.
-¿Cómo ha sido el año 2019 en materia de derechos humanos?
-Este año ha sido negativo, ha sido un año negro para los derechos humanos; ya tenemos varios años consecutivos con deterioro de los indicadores. La situación más grave que ocurrió es que se profundizó aún más el debilitamiento de la institucionalidad democrática porque el 10 de enero se juramentó una persona a la presidencia de la República como consecuencia de un fraude electoral y eso generó una crisis social y política que movilizó a los diferentes actores durante el resto del año.
Esa fue, de lejos, la peor situación, que también tuvo un impacto inmediato en la situación de los DDHH porque la ausencia de instituciones que den respuesta a los ciudadanos y la persistencia en un modelo que ha agravado la crisis en nuestro país está aumentando las penurias para millones de venezolanos que se siguen yendo de Venezuela en una situación precaria como migrante forzado.
En primer lugar tenemos la profundización de la dictadura, en segundo lugar el aumento de la pobreza que tiene que ver no solamente con la emergencia humanitaria compleja, el deterioro de los servicios básicos, la dolarización por la vía de los hechos de la economía; lo cual genera una doble exclusión; no solo quienes ya estábamos excluidos por la situación de discriminación social y política del Gobierno, sino que ahora quienes no puedan participar en esta economía dolarizada están sufriendo una nueva exclusión para su calidad de vida y continúa la crisis migratoria de los venezolanos.
Las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) se convirtieron en el gran mecanismo de control territorial, especialmente en los sectores populares y, ante la ineficacia de las estrategias opositoras para intentar encauzar de nuevo la vía democrática, tenemos ahora una crisis de representatividad muy grande que genera mucha incertidumbre sobre todo en los escenarios políticos del año que viene.
-¿Qué se puede esperar de los informes de Bachelet, de las visitas de sus representantes en Venezuela a los presos políticos?
-Este es un año negro; sin embargo, también tuvimos dentro de la situación de gravedad algunos avances para contener esta situación y creo que el más importante es el monitoreo que viene haciendo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Venezuela.
Ese informe, esa presencia de los dos altos oficiales en nuestro país, que están en un plan de trabajo con las autoridades del Gobierno venezolano; lo que nos ratifica es que si no tenemos un acompañamiento de la comunidad internacional, si no hay presiones, si no hay visibilización de la situación, el gobierno de Nicolás Maduro ni el Ministerio Público, ni la Defensoría del Pueblo van a mover un dedo por prevenir y sancionar violaciones de derechos humanos; así que lo que podemos esperar es que continúe ese acompañamiento, ya el Alto Comisionado solicitaba en su informe de ayer (18 de diciembre) una ampliación de su presencia en Venezuela.
Existen algunos avances en ese plan de trabajo de nueve puntos entre el Gobierno y el Alto Comisionado, pero ya informaba que algunos acuerdos no se han cumplido o no se han cumplido en su totalidad. Uno de ellos es la posibilidad de visitar los recintos de detención de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) y del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que son los servicios de inteligencia civiles y militares. Se continúa solicitando esa posibilidad porque precisamente ha sido en esos dos sitios donde hay más denuncias sobre torturas y malos tratos a las personas privadas de libertad.
La sociedad civil tiene que convertirse en un contralor del nivel de cumplimiento de esos acuerdos. Son nueve puntos que nosotros invitamos al Alto Comisionado a que informe cuál es la extensión y cuál es el contenido de ese informe de trabajo. De manera sutil sabemos que son nueve puntos, pero la sociedad venezolana debería estar suficiente informada para poder hacer una contraloría social de esos niveles de acuerdo, pero solicitar que, además del Alto Comisionado otros observadores y otros organismos internacionales en materia de DDHH puedan visitar Venezuela, puedan tener un nivel de interlocución con las autoridades para poder mejorar la situación concreta en nuestro país.
-¿Cuáles serían esos otros organismos que deberían visitar Venezuela para comprobar la situación de DDHH?
-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha solicitado reiteradamente la posibilidad de visitar Venezuela y es el organismo regional que depende de la Organización de Estados Americanos (OEA). También la Misión de Verificación de los Hechos ha anunciado su visita al país; pero el Gobierno ha negado la posibilidad de que ingresen a territorio venezolano y esta ha sido aprobada en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas; además, va a comenzar su funcionamiento a partir del mes de enero durante un año. Esto es una muy mala señal que evidencia la verdadera voluntad política de Nicolás Maduro para mejorar la situación en derechos humanos al no permitir el ingreso de esta misión.
También estamos solicitando que otros relatores independientes de Naciones Unidas puedan visitar Venezuela. Ahora mismo, las conversaciones entre Bachelet y Maduro hay dos relatores que podrían visitar Venezuela en un corto plazo, pero son dos relatores que al Gobierno le interesa por los temas que trabajan: uno es el relator sobre el derecho al desarrollo y el otro es el de medidas unilaterales, medidas coercitivas unilaterales; que tiene que ver con todo el tema de sanciones internacionales.
¿Cuál es la situación actual de los presos políticos?
-La cifra del Foro Penal habla de 390 presos políticos actualmente en Venezuela. Actualmente se está haciendo una campaña porque se ha venido especulando sobre la posibilidad de que, derivado de estas negociaciones entre las autoridades de Nicolás Maduro y los representantes de esos partidos políticos minoritarios, conocidos como «La Mesita», a partir de ese mecanismo de diálogo puedan ser liberadas personas que están privadas de libertad por razones políticas.
Con información de Tal Cual