La Fiscalía de la CPI determinó, «sin perjuicio de otros crímenes que se puedan determinar en una etapa posterior», que hay fundamentos razonables para creer que, al menos desde abril de 2017, «autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física»
La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) emitió el informe 2020 sobre las actividades relacionadas a los exámenes preliminares sobre Venezuela, y reiteró que existen motivos razonables para creer que en el país se cometieron crímenes de lesa humanidad a partir de 2017, por lo que posiblemente se inicie la etapa de investigación «durante la primera parte de 2021».
En el informe, la fiscal Fatou Bensouda detalló que esa instancia de la CPI centró su análisis en los alegatos relacionados al tratamiento de personas en detención, pues se disponía de información «suficientemente detallada y confiable en lo que se refiere a los elementos específicos de los crímenes del Estatuto de Roma».
La Fiscalía determinó, «sin perjuicio de otros crímenes que se puedan determinar en una etapa posterior», que hay fundamentos razonables para creer que, al menos desde abril de 2017, «autoridades civiles, miembros de las Fuerzas Armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional».
En estos crímenes relacionados con la encarcelación u otro tipo de privaciones ilegítimas de libertad, también se incluriría la presunción de tortura, violación y/u otras formas de violencia sexual de gravedad comparable, además de persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, todo ello contemplado en el Estatuto de Roma.
Los patrones de tortura, donde se incluyen los delitos de desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias, son descritos en «La República que tortura», una serie documental de TalCual.
La Fiscalía de la CPI señala por estos hechos a cuerpos de seguridad como la PNB y su Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Sebin, la Dgcim, Cicpc, Guardia Nacional y su Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (Conas); además de grupos de civiles relacionados al régimen de Nicolás Maduro «actuando junto con miembros de las fuerzas de seguridad o con su consentimiento».
Lo que viene en la CPI
Alí Daniels, abogado y director de la ONG Acceso a la Justicia, explicó a TalCual que el examen preliminar sobre Venezuela no se ha cerrado. «Ellos lo que están diciendo es que esperan cerrarlo, y esperan pasar a lo que, en el Estatuto de Roma, se conoce como fase de investigación, que es la presentación del caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares».
Un examen preliminar está compuesto de cuatro fases. Actualmente, el caso venezolano se encuentra en la fase 2 (que se espera cerrar), donde la Fiscalía realiza una evaluación de la competencia de la Corte. De allí se pasaría a la fase 3, que se concentra en valorar la admisibilidad. Finalmente, en la fase 4 se evalúa el interés de la justicia, es decir, si vale la pena que el caso pase directamente a la CPI.
Una vez completado el examen preliminar, que según el informe se espera culminar «durante la primera parte de 2021», se espera que el caso venezolano pase a la fase de investigación, que consiste en la presentación del caso a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI por parte de la Fiscalía como parte acusadora, con acusaciones individuales a los señalados de cometer los crímenes de lesa humanidad.
Daniels señaló que «es confuso, porque se podría pensar que esta es la fase de investigación, pero no es así. Por eso se llama examen preliminar. En la investigación como tal, la Fiscalía presenta el caso con nombres y apellidos de los acusados sobre presuntos crímenes».
Es importante lo que menciona el párrafo 206 del informe, señaló el abogado, pues «la Corte no juzga a funcionarios subalternos, la CPI solo juzga a los máximos responsables de las acciones que ella investiga. El fiscal Saab va a intentar decir lo contrario».
«La Fiscalía también involucra a los colectivos, y es muy importante porque ya el hecho de que se hable de esta posibilidad, permite decir que se trata de una política de Estado, porque no se hace participar o armar a civiles sino se tiene un plan organizado de represión. Por eso es tan importante esta afirmación», destacó Daniels.
Además, el director de Acceso a la Justicia considera que hay dos faltantes dentro de este informe de la Fiscalía de la CPI sobre su examen preliminar, y es la falta de consideración de los hechos de violación de DDHH cometidos de 2014 a 2016, «especialmente los del 2014 y el ataque armado a urbanizaciones; además de las ejecuciones extrajudiciales, que en el Estatuto de Roma se contemplan como asesinatos».
Con información de Tal Cual