Desde el año 2017 ha aumentado el número de trabajadores petroleros detenidos durante la administración de Maduro. Hasta la fecha, muchos de ellos acusados de traición a la patria por divulgar información de Pdvsa, aún esperan por una acusación formal o por el avance de sus juicios. Para varios, la alternativa ha sido asumir una culpabilidad que no tienen para salir en «libertad».
En Venezuela, las protestas de los trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) tienen como objetivo la restitución de sus derechos laborales contemplados en anteriores contrataciones colectivas, pero también para pedir por el cese de la persecución y represión contra los petroleros y representantes sindicales.
El número de trabajadores de la empresa estatal detenidos durante la administración de Nicolás Maduro, calificado por su propio partido como el «presidente obrero» por su experiencia como trabajador sindical, ha aumentado desde 2017. Fue precisamente ese año cuando hubo mas arrestos, empezando por la de los nueve petroleros detenidos por funcionarios de la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar), el mismo día en que fueron llamaron desde Pdvsa para una reunión.
De acuerdo a cifras presentadas por la organización no gubernamental Foro Penal y las recabadas por TalCual, existen unos 60 trabajadores petroleros presos, integrantes de las nóminas menores y representantes sindicales. Pero de acuerdo a la ONG, 17 de ellos están calificados como presos políticos.
Según la información de Foro Penal, los 15 trabajadores de Pdvsa Occidente detenidos entre septiembre-octubre de 2017, figuran en la lista de presos políticos, cuya cifra total para el 25 de febrero de este año es de 329. Luego de más de tres años, la audiencia preliminar de este grupo se llevó a cabo el pasado 8 de febrero, pasando sólo tres de ellos a juicio; las restantes 12 personas admitieron hechos y fueron condenados a 5 años para los obreros y a 9 años para los gerentes.
Hasta la fecha, los delitos por los cuales se les acusa a todos los petroleros se relacionan con traición a la patria, terrorismo, sabotaje a la industria, asociación para delinquir y divulgación de información confidencial, pero también instigación al odio, alteración del orden público y agavillamiento. Otros han sido detenidos por supuestos hechos de corrupción, pero tras años en la cárcel sin la debida presentación en tribunales para mostrar las pruebas hacen dudar de estas acusaciones.
«La acusación traición a la patria es ahora la que más se utiliza para detener a las personas, antes era la agresión al centinela, esto lo han convertido como el delito de moda en las imputaciones judiciales y lo escogen por la gravedad del delito ya que la traición a la patria tiene una pena mayor», sostuvo Blanca Rosa Mármol de León, exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Para Iván Freites, secretario de Profesionales y Técnicos de la Futpv (Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela), todas esas acusaciones solo son producto de la actitud tomada por sus compañeros tras oponerse a las políticas del chavismo-madurismo y, más que todo, por denunciar las condiciones precarias de la industria petrolera nacional. Sostiene que solo esto bastó para que muchos fueran detenidos en amplios operativos en los cuales tumbar las puertas de sus casas para allanarlas se convirtió en el modus operandi.
«La situación de nuestros compañeros detenidos es muy grave, no se puede conocer de qué se les acusa porque se ha negado el acceso a sus expedientes de muchos de ellos. Lo que se ha llegado a decir es que serán acusados de terrorismo, traición a la patria, daño a las instalaciones, en fin, tantos delitos. No le dan la opción a la defensa, porque no permiten que sus abogados estén presentes en las audiencias», afirmó Freites quien se encuentra en el exilio desde el pasado diciembre tras haber sido informado que podría ser también apresado.
La mayoría de los trabajadores petroleros se encuentran detenidos desde el año 2017 y con una treintena de veces diferidas sus audiencias de presentación. Muchos se encuentran en arresto domiciliario, en varias sedes del Dgcim en el país, en los calabozos del Sebin (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional) ubicados en el Helicoide, y en el Centro de Formación para el Hombre Nuevo «El Libertador» en Tocuyito, estado Carabobo, uno de los penales más peligrosos en Venezuela.
Para intentar agilizar sus procesos, se creó la «Fundación para la defensa de los trabajadores petroleros», integrado principalmente por las esposas de los detenidos y otros familiares. En varias ocasiones han hecho llamados a las autoridades para que cesen el hostigamiento y la criminalización del trabajo sindical, pero los mismos no han sido escuchados.
Recientemente, Tarek William Saab, fiscal designado por Maduro, informó que unas 103 personas han sido procesadas por hechos de corrupción en Pdvsa, al desvelarse «28 tramas de corrupción que le ha costado al Estado miles de millones de dólares». No obstante, muchos de los acusados forman parte de la nómina mayor de la empresa estatal detenidos por hechos ocurridos antes de 2017.
Pena anticipada
«Han pasado 17 días de la audiencia de mi esposo y aún no ha pasado el caso a ejecución para obtener el computo ni la publicación de la sentencia. Seguimos en un limbo jurídico que parece no tener fin», dijo Luzmer de Hurtado, esposa de Hirto Hurtado, trabajador de Pdvsa Occidente detenido el 24 de octubre de 2017.
El retardo procesal ha sido una constante en la administración de justicia en Venezuela. Con los diferimientos de las audiencias de presentación comienza lo que se ha llegado a calificar como una «pena anticipada» que se impone a todos los presos políticos, constituye un patrón sistemático de violación de los derechos humanos de acuerdo a lo señalado en diferentes informes por organizaciones de DDHH.
Para leer la nota completa en Tal Cual, pulsa aquí
Con información de Tal Cual