Un día después de que el periodista Darvinson Rojas publicara en su cuenta de Twitter la comparación de cifras de casos de coronavirus, llegaron a su casa funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES). Se lo llevaron detenido.
Estuvo preso durante 12 días. Fue imputado por los delitos de instigación al odio e instigación pública, por comparar la información que brindó el ministro de Comunicaciones, Jorge Rodríguez, con la del gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, y varios alcaldes de la entidad.
La mayoría de los casos (siete) fueron arrestos a periodistas y a reporteros gráficos, mientras cubrían la medida de cuarentena social. Sin embargo, dos trabajadores de la salud también fueron víctimas por denunciar las condiciones de los hospitales ante la pandemia, declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) el 11 de marzo.
Este patrón de detenciones arbitrarias se ha repetido a lo largo del gobierno de Nicolás Maduro, así lo han denunciado defensores de derechos humanos. Y con el decreto de estado de alarma, publicado en gaceta el 13 de marzo de 2020 para enfrentar los casos de coronavirus, se exacerbó.
Carlos Correa, director de Espacio Público, explicó que el incremento de estos casos ocurre porque es un contexto sensible y hay mayor preocupación del Gobierno por la información que se difunde. La respuesta es represión.
El Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS) de Venezuela registró que en la segunda semana de cuarentenadetuvieron a tres periodistas. Y desde el 16 de marzo hasta el 31 reportaron ocho casos de periodistas y directivos de medios de comunicación.
Aumento de excesos policiales
El decreto de estado de alarma ha servido de pretexto para cometer otros abusos y excesos de poder por parte de los cuerpos de seguridad. Por orden de Maduro se encargan de velar por el cumplimiento de la cuarentena nacional, que el próximo 7 de abril cumple tres semanas.
Marino Alvarado, defensor de los derechos humanos e investigador de Provea, explicó que los cuerpos de seguridad responden de manera arbitraria al decreto y detienen a quienes no tienen mascarillas.
Alvarado contó que han amenazado a quienes denuncien la escasez de gasolina. Tal es el caso de los agricultores de Mérida y Táchira quienes dijeron que no pueden surtir de gasolina ni con salvoconducto. “Dijeron que esto pone en riesgo la cosecha y, por lo tanto, a la población”.
El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello denunció que bajo el estado de alarma no pueden ejecutarse prácticas policiales y de persecución que van en contra del respeto a la dignidad humana y los derechos fundamentales.
Las detenciones o persecuciones a quienes se reúnan en su comunidad también es un exceso policial. Yonathan Mustiola, director de la ONG Justicia Venezolana, explicó que aunque el decreto presidencial prohíbe las fiestas y las aglomeraciones incumplirlo no es un delito.
El Foro Penal Venezolano documentó que, desde el 13 de marzo hasta el 2 de abril, se registraron 23 detenidos por razones políticas. Alfredo Romero, director de la ONG, denunció que los abogados han debido explicar en cada alcabala que son defensores de algunos detenidos para que les permitan llegar a los tribunales.
También hay excesos policiales y violaciones a los derechos humanos cuando los funcionarios de seguridad no dejan que algún ciudadano se monte en el Metro o ferrocarril por no tener mascarillas. Gabriela Buada, coordinadora general de la ONG Caleidoscopio, explicó que violan la libertad personal y el derecho al libre tránsito.
Con información de Crónica Uno