Arepita de auyama de desayuno, revoltillo de auyama de almuerzo y sopa de auyama de cena. Este es el menú que han tenido que ingerir, algunos días, en una de las 86 casas hogar de Venezuela, entre las que habitan casi cinco mil niños y adolescentes. De cada 10 jóvenes, 7 no tienen acceso a tratamientos médicos y 5 no se alimentan adecuadamente porque la institución que los acoge no cuenta con los recursos necesarios.
El modo de vida de la infancia venezolana de escasos recursos, que recurre a entidades de atención, ha sufrido un declive desde el segundo semestre del año pasado, el cual ha sido denunciado en repetidas ocasiones frente a instancias gubernamentales por los directores de casas hogar, iglesias, fundaciones, colegios y diversas organizaciones de la sociedad civil que luchan por la protección de los derechos de los niños y adolescentes.
El coordinador nacional de la Asociación Civil Red de Casas Don Bosco, el abogado Leonardo Rodríguez, explica que en la actualidad el 85% de los niños y adolescentes en situación de riesgo social son atendidos por instituciones del sector privado, las cuales no cuentan con apoyo del Estado a pesar de estar bajo constante supervisión, y que desde hace más de ocho años se han visto en dificultades por la falta de recursos, situación que se ha agravado desde octubre de 2015.
El director del Centro Comunitario de Aprendizaje (Cecodap), Fernando Pereira, explica cómo ha sido el acceso a la información para la evaluación de la gestión de las políticas concernientes a la atención de los infantes. “Hacer un conteo ha sido complicado porque las instituciones públicas no suministran la información oportunamente. La Defensoría del Pueblo, por ley, tiene bajo su responsabilidad la supervisión de todas esas entidades, pero en reuniones que sostuvimos el año pasado nos explicaron que no disponían de la información”, dijo Pereira.
Frente a la falta de información las organizaciones de la sociedad civil han creado sus propios mecanismos para la obtención de datos. “Unicef nos está dando una asistencia técnica con la cual hemos logrado levantar un estudio sobre el impacto de la falta de ingresos. Para el final del año tendremos algo más concreto pero hasta ahora tenemos que: de cada 10 niños, 7 han fallado en una prescripción médica”, explicó el Director de la Asociación Civil Red de Casas Don Bosco.
Es decir, que 70% de los niños que residen en las casas hogar, entre quienes se encuentran VIH positivos, insulinodependientes y alérgicos, no han logrado recibir las medicinas de tratamiento luego de una consulta médica.
Entre los datos que ofrece Rodríguez también se especifica que 5 de cada 10 niños, residentes de una entidad de atención, han visto afectada su nutrición debido a la falta de insumos. Tanto Rodríguez como Pereira explican que las instituciones han intentado mediar para abastecer de alimentos a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), pero han sido negadas las peticiones.
“Todas estas instituciones están teniendo muchas dificultades para sobrevivir y encontrar insumos. En las teorizaciones de los Clap no se consideran a las casas hogares, ya que se esgrime que deben abordadas por otras vías, pero ninguna institución les está proveyendo de la alimentación necesaria a las entidades de atención. El Estado debe focalizar y priorizar estas realidades”, explica Pereira.
De acuerdo a lo estipulado en el artículo 181 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopna), las casas hogares o entidades de atención son “instituciones de interés público que ejecutan proyectos”, estas pueden ser de carácter público o privado.
La Lopnna también establece que todas las entidades de atención deben ser inspeccionadas periódicamente por la Defensoría del Pueblo, para asegurar que la gestión se realice en parámetros legales establecidos.
Rodríguez explica que “cuando uno abre una casa hogar tiene que registrarla en el Consejo Municipal de la Protección de Niños y Adolescentes. Ese registro se envía a los tribunales y al Consejo de Protección e inmediatamente se comienzan a enviar a los niños. Así, es el Estado quien envía a los niños, por lo que deberían tener un control. Las casas hogar son un sistema mediante el cual la sociedad civil le presta un servicio al Estado. Recibimos las exigencias, pero no existen las políticas públicas para atender a los chamos”.
Desde enero de este año las denuncias por parte de diferentes organismos de la sociedad civil se han agravado. El denominador común de las exigencias es la vulneración de derechos fundamentales de niños y adolescentes en materia de salud, educación y nutrición. Sin embargo, aún se mantienen a la espera de una respuesta concreta por parte de los organismos estatales.
FUENTE: EFECTO COCUYO
10-11-2016
