5.710 pacientes de residencias socioasistenciales privadas del país que reciben subsidio del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales quedarán en la calle a finales de mes si los propietarios de los establecimientos de salud no obtienen respuesta de las autoridades del organismo con relación a la solicitud de aumento del subsidio de 2.099,26 bolívares diarios que reciben por cada uno de los enfermos recluidos en los 76 centros a escala nacional.
José Borrego, dueño de la Casa Hogar La Mano de Dios, localizada en Vista Alegre, dijo ayer que los encargados de los centros que atienden pacientes psiquiátricos, farmacodependientes, geriátricos, custodiables y VIH positivos se declaran en cierre técnico, pues les resulta imposible costear los gastos que implican las tres comidas diarias más merienda, además del pago de tratamiento médico, enfermeras, especialistas y terapistas ocupacionales de cada paciente, los cuales tienen un costo de 8.000 bolívares por cama al día.
Hace cuatro semanas los dueños de centros de atención plantearon la difícil situación que atraviesan estas instituciones en una gran protesta frente al IVSS de Altagracia, en Caracas, pero hasta la fecha ningún organismo les ha prestado atención a sus reclamos.
“Hemos mandado cualquier tipo de comunicaciones y cartas a la Defensoría del Pueblo, la Vicepresidencia, la Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Nacional y los ministerios de Defensa, Alimentación y del Trabajo, además de intentar comunicarnos infructuosamente con el presidente del IVSS, Carlos Rotondaro. Pido ayuda y orientación, ya que he llegado al punto de obligar a los familiares de los pacientes a que me colaboren con la comida. Siempre decíamos que llegaría el lobo, y ya llegó. No pierdo la casa porque es mía, pero de resto estoy afectado y endeudado”, señaló Borrego ayer visiblemente preocupado.
El vocero indicó que no descartaba acudir al Ministerio Público para introducir un escrito en el que solicitará salvar la responsabilidad de los dueños de establecimientos para la salud de los pacientes recluidos en todos los centros de atención del país en vista de la grave crisis que afrontan.
Añadió que también irán ante el Tribunal Supremo de Justicia con el fin de introducir un amparo que garantice el cumplimiento de los artículos 83, 84, 85 y 86 de la Constitución que garantizan el derecho a la salud.
Dijeron, además, que los problemas de estos centros serán denunciados en una carta que enviarán a Cilia Flores, con copia al Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, a la Oficina Sanitaria Panamericana, la Asociación Médica Mundial, la Academia Nacional de Medicina y a todas las sociedades científicas venezolanas.
Aparte de la escasez y carestía de alimentos, la falta de medicinas y el aumento de los costos de servicios, los dueños de los establecimientos de salud aseguran que el reciente aumento del salario mínimo en 50% y bono de alimentación en 128% los obliga a dar un aumento de sueldos que no están en capacidad de cubrir.
FUENTE: EL NACIONAL
13/09/2016