Los abogados Simón Lamus, Rubén Araujo y Bárbara Labrador, quienes conforman la defensa de Juan Carlos Sosa Marquina, hermano del candidato a la Gobernación de Vargas, José Manuel Olivares Marquina, introdujeron ante los tribunales un recurso de apelación, solicitando la anulación absoluta de esta investigación que ha estado cargada de irregularidades policiales, judiciales y fiscales.
El pasado 25 de septiembre, funcionarios del Sebin detuvieron arbitrariamente al hermano del candidato a la Gobernación de Vargas, José Manuel Olivares, durante la inauguración del 5to comedor Alimenta la Solidaridad. Dicho proceso de aprehensión se dio sin ningún tipo de orden judicial para acusar a Juan Carlos Sosa Marquina de un delito inexistente
El abogado Simón Lamus expresó: “este caso se trata de una persecución política cuya única finalidad es desvirtuar la campaña de José Manuel Olivares en el Estado Vargas. La actuación desmedida de los funcionarios del Sebin contra mi representado se demuestra fácilmente con un vídeo público en el que se observa cómo lo detuvieron frente al comedor popular, y sin estar cometiendo ningún delito, el cual es el alegato principal que está en el expediente policial”
La acusación contra Sosa Marquina se basa en la presentación de un supuesto documento de compra-venta de un vehículo que data de hace más de 5 años, por lo que se le acusa del delito de documentación falsa sin ningún tipo de argumentos debido a que no ha habido experticia alguna que verifique la autenticidad o falsedad del oficio.
Las violaciones al debido proceso han dicho presente de principio a fin. Primero, Juan Carlos Sosa fue presentado pasadas las 48 horas desde su ilegal detención. Ahora, el Ministerio Público Avala la actuación inconstitucional de los funcionarios del Sebin. “Estamos agotando todos los recursos de ley, presentaremos una acción de amparo, y estamos dispuestos a acudir a instancias internacionales para denunciar la violación de los derechos contra mi representado, de ser necesario”, así lo aseveró el abogado Simón Lamus durante una rueda de prensa.
Actualmente, Juan Carlos Sosa permanece detenido ilegalmente en el helicoide y debe transcurrir un máximo de 45 días hasta que concluya la investigación. Aunque no se está relacionando directamente a José Manuel Olivares con el caso, la persecución contra su familia continúa debido a que se está intentado vincular a su esposa tomando como alegato la relación laboral que tuvo con Multinacional de Seguros, la cual fue la empresa que vendió el vehículo con el que hoy están intentando armar una situación totalmente falsa.
Fuente: Prensa Primero Justicia
Fecha: 05 de octubre de 2017