El Carnet de la Patria también llegó a las escuelas públicas. Los planteles son usados para tramitar el documento que, de acuerdo con el gobierno nacional, “fortalecerá el poder popular y las misiones sociales”. La instrucción es registrar, a su vez, a la comunidad educativa, incluidos los estudiantes, así como verificar quiénes lo gestionaron y quiénes no.
Una profesora de un liceo cerca de Los Chaguaramos, que prefirió reservar su identidad por temor a represalias, denunció que en la institución en la que trabaja comenzaron a pasar listas con nombre y número de cédula de alumnos y docentes para revisar quién ya tiene el carnet.
“Corren muchos rumores de lo que podría pasar si no se lo sacan. En el caso de los muchachos, por ejemplo, dicen que no tenerlo puede influir en su ingreso a la universidad, y para los adultos se oye que si están próximos a que les toque la pensión no se las pagarán. Si dices que aún no lo has tramitado te piden justificar el motivo”, afirmó.
El abogado Carlos Trapani, experto en derecho de niños, niñas y adolescentes, explicó que un joven puede ejercer su ciudadanía igual que un adulto y es válido que participe en iniciativas gubernamentales, pero que es necesario y es su derecho conocer qué se hará con la información que se le suministre al Estado.
“La participación debe ser consciente, voluntaria y significativa. Debe quedar claro qué se busca con el carnet. Es importante que la información no se use de manera poco ética o que se generen falsas expectativas sobre obtener beneficios”, explicó.
Trapani indicó que con la carnetización de estudiantes no se tiene evidencia de que se vulnere ningún derecho o de que se les ponga en riesgo. Añadió que, sin embargo, la opacidad de información crea sospecha y recordó que un carnet de la patria no es una condición para ejercer los derechos ciudadanos ni un requisito para acceder a servicios como la alimentación, por lo que espera que no se convierta en un mecanismo de discriminación o exclusión.
“Si yo como adolescente no quiero tramitarlo porque considero que no es útil o prioritario y se me fuerza a hacerlo, ahí sí se estaría hablando de una amenaza, en principio, al derecho a la vida privada e intimidad familiar, establecida en el artículo 65 de la Lopnna”, precisó.
Nancy Hernández, presidente de Fenasopadres, señaló que a la organización le preocupa que se realice el proceso sin la autorización de los padres, así como no saber qué preguntas les hacen a sus hijos.
Fuente: El Nacional
Fecha: 09 de febrero de 2017