Empleados públicos han recibido comunicaciones internas en las que jefes de organismos gubernamentales advierten que les descontarán el día.
Los trabajadores del sector público recibieron comunicaciones internas verbales y por escrito en las son presionados para acudir a la marcha del oficialismo del 1° de septiembre. “La orden a los directores y jefes es descontar el día de sueldo y aplicar una amonestación al funcionario que falte al trabajo o no asista al acto del gobierno”, aseguró Marlene Sifontes, directiva del sindicato del Instituto Nacional de Imparques.
Informó que el Ejecutivo adelanta una estrategia para impedir la participación de los trabajadores en la llamada Toma de Caracas, organizada por la oposición para reclamar la celebración del referéndum revocatorio en 2016.
La sindicalista afirmó que el gobierno instruyó a los organismos a “cancelar, como sea, el ticket de alimentación entre ayer viernes y el próximo lunes, con el fin de convencer a los empleados públicos de devolver el gesto del gobierno con la asistencia a la marcha oficialista”.
Serbando Carbone, dirigente de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, señaló que “con el pago adelantado del ticket, el gobierno pretende comprar a los empleados públicos, pero los trabajadores están demasiado molestos por los atropellos patronales”.
Mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial número 40965, el Ejecutivo elevó el pago del bono de alimentación de 18.585 a 42.480 bolívares mensuales a partir del 1° de septiembre próximo.
Carbone dijo que las amenazas de despido de funcionarios, lanzadas por voceros oficialistas como el diputado Diosdado Cabello, son parte de la política del gobierno para reducir personal en la administración pública centralizada y descentralizada.
“Esta acción ya ha sacado a 400.000 trabajadores mediante despidos y jubilaciones anticipadas y forzadas, para colocar en su lugar a jóvenes 100% leales al modelo gubernamental”, añadió el dirigente.
Rafael Narváez, coordinador de la Asociación Civil de Defensa de los Derechos Humanos, recordó que ayer venció el plazo de 48 horas dado públicamente por Maduro a los ministerios para proceder a expulsar de sus cargos a los funcionarios calificados de desleales, por apoyar el referéndum revocatorio o mantener una posición crítica a la labor de gobierno.
Narváez deploró el silencio del Ministerio Público y la Policía Nacional, así como la posición del defensor del pueblo, Tarek William Saab, que consideró “tímida, frente a las amenazas públicas y notorias contra los trabajadores”. Resaltó que la situación impone una medida cautelar para todos los funcionarios, pues son víctimas de la persecución y al apartheid laboral.
Con respecto a la marcha de la oposición del 1° de septiembre destacó que el artículo 68 de la Constitución garantiza a todos los ciudadanos, empleados públicos incluidos, el derecho a la protesta pacífica y que las manifestaciones no pueden ser reprimidas y atacadas con armas de fuego ni gases por los organismos de seguridad del Estado.
Marlene Sifontes insistió en que “este primero de septiembre los trabajadores deberían ejercer su derecho de marchar y apoyar la tendencia política de su preferencia como lo establece la carta magna, cuestión que el gobierno no quiere aceptar”.
FUENTE: EL NACIONAL
27 DE AGOSTO 2016