Humberto Prado, comisionado presidencial para los Derechos Humanos, advirtió que el decreto de alarma dictado por Nicolás Maduro es inconstitucional, no ha sido remitido a la ONU como ordena la ley, y da a funcionarios y personas atribuciones que entorpecen los esfuerzos por atender la emergencia.
Junto a la diputada Delsa Solórzano (Encuentro Ciudadano), Prado dijo que el decreto de alarma emitido el pasado 13 de marzo no solo viola los estándares internacionales, sino también la Ley Orgánica de Estados de Excepción y la Constitución. Por ejemplo, según indica la norma, el texto debió ser remitido a la Asamblea Nacional para su aprobación dentro de los ocho días de su publicación y ello no ocurrió.
“Se da una serie de prerrogativas a personas y se limita el trabajo de los medios de comunicación, cuando esto no puede ser limitado sino reglamentado”, advirtió Prado.
En el referido instrumento publicado en Gaceta Oficial el martes, no se menciona a los medios de comunicación y a los periodistas como un sector autorizado para circular y reportar lo que sucede en medio de la atención de la emergencia. Esto ha producido detenciones de periodistas y despojo de su material y amenazas a medios de comunicación por informar lo que ocurre.
Solórzano responsabilizó directamente a Maduro por el agravamiento de una preexistente crisis humanitaria compleja: “Nicolás Maduro es el único responsable. No es cierto que sea por las sanciones porque el sector salud nunca ha sido afectado por las sanciones y no hay sanciones contra la compra de insumos”.
Prado también denunció las actuaciones arbitrarias de los cuerpos de seguridad del Estado, en medio de la discrecionalidad que les concede el decreto de alarma. Citó casos documentados por su oficina en la última semana, como la restricción de venta de combustible a médicos que no trabajan en el sistema público de salud, y dos detenciones contra personal de salud que reclamaba la dotación de mascarillas, guantes y equipos de bioseguridad, uno en Monagas (donde actuó el Conas) y uno en Táchira (donde actuó la Dgcim).
“Están ocurriendo cosas tan graves como que de repente están buscando a una enfermera en Monagas y como no la encuentran en su casa, se llevan a la nieta, una menor de edad, y después la sueltan a las 12:00 de la noche. Dictan una medida privativa de libertad contra un dirigente que trabaja en un hospital y le dan un arresto domiciliario”, señaló.
Enfatizó que estas actuaciones contra los derechos humanos y el debido proceso se realizan sin orden de detención y luego los señalados son imputados por agavillamiento, instigación al odio y alteración del orden público.
“¿Quiere decir que levantar la voz de los trabajadores que están solicitando las herramientas para poder atender y estar seguros para su trabajo eso es una privativa de libertad? Simplemente por alzar la voz porque necesitan guantes y mascarillas y no tienen agua o jabón los llevan a prisión o se llevan a un familiar detenido”, denunció.
Prado exigió a las representantes de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas acreditadas en Venezuela “no dejar pasar estos hechos” y dijo que la comisión que encabeza documenta todos los atropellos para elevarlos ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y el Sistema Universal.
Sospechas en El Helicoide
La diputada Delsa Solórzano, en nombre de los familiares de los presos políticos civiles y militares, solicitó medidas humanitarias urgentes para todos, incluso para los presos comunes cuyos juicios pueden continuar en libertad o con medidas alternativas, esto para minimizar los riesgos de contagios masivos dentro de las cárceles.
Consultados sobre la denuncia de la supuesta existencia de al menos dos presos políticos en El Helicoide contagiados con el COVID-19, Solórzano dijo que no existe ninguna información oficial porque en medio de la pandemia, los presos de ese centro están castigados sin visita.
“Desde hace días no tenemos acceso directo a los presos en El Helicoide. Los funcionarios del Sebin nos informan que por lo menos hay dos prisioneros que podrían tener síntomas de coronavirus. Pero no podemos decir si lo tienen o no. Lo que pedimos es que se les hagan los exámenes urgentes y que se otorguen medidas humanitarias urgentes para los presos de conciencia”, dijo Solórzano.
“En el sistema penitenciario tenemos 120 % de hacinamiento, no hay agua, no hay jabón, dan una taza de arroz y una taza de café al día. Esos recintos son un caldo de cultivo. No hay un servicio de salud, no hay un médico disponible las 24 horas, no hay un sistema de hospitalización y la mayoría de los presos padecen enfermedades infectocontagiosas”, alertó Prado.
Con información de Crónica Uno