La orden viene de arriba. Los trabajadores del sector público tienen que estar en sus puestos para movilizarse, cuando se les requiera, a la denominada vigilia de Miraflores, que el oficialismo intensificará hasta el 3 de noviembre próximo, fecha que la Mesa de la Unidad Democrática dio al gobierno para reactivar el referéndum revocatorio, denunciaron sindicalistas y funcionarios.
“En el ministerio nos dijeron que el trabajo administrativo correspondiente a nuestras funciones pasa a un segundo plano porque la prioridad es estar en la calle para evitar que la oposición llegue a Miraflores”, afirmó una empleada que solicitó no mencionar su nombre.
Otro trabajador narró: “El director nos informó que no aceptarán excusas como reposos médicos ni la muerte o enfermedad de un familiar para justificar la falta al trabajo. Todos los trabajadores tienen que estar a la disposición o atenerse a las consecuencias”.
Marlene Sifontes, dirigente del Frente Autónomo de Defensa del Empleo, el Salario y el Sindicato, señaló que empleados del sector público les han informado que “diariamente pasan lista con el fin de comprobar la asistencia del personal y garantizar la gente para las movilizaciones y concentraciones”.
José Matute, también representante de Fadess, precisó que la concentración oficialista de este viernes en la Plaza Morelos, avenida México, para contrarrestar el paro cívico de la oposición, tuvo baja asistencia de empleados y obreros porque desde temprano no hubo unidades de transporte colectivo. “No todo el mundo se moviliza en Metro”, dijo.
Serbando Carbone, coordinador de la Federación de Trabajadores del Sector Público, indicó que “en esta etapa en que el pueblo sale a la calle a defender el orden constitucional y el revocatorio, la arremetida del gobierno contra los empleados públicos será mucho más dura”.
El dirigente destacó que “el gobierno necesita garantizar la asistencia de 3 millones de trabajadores de la administración pública porque perdió su poder de convocatoria en la población venezolana, que está molesta porque le están arrebatando sus derechos constitucionales”.
Carbone señaló que una muestra de la necesidad del oficialismo de contar con muchos marchistas obligados es que no se han concretado más despidos de trabajadores, adicionales a los ocurridos por haber firmado para el referéndum revocatorio.
“Sin embargo, los jefes y directores de los ministerios, institutos autónomos, fundaciones y empresas del Estado persisten en amenazar con el despido y otras sanciones administrativas a los trabajadores para obligarlos a ir los actos convocados por el gobierno”, advirtió el sindicalista.
Calificó de irresponsable una “orden gubernamental y del PSUV de que la administración pública no preste sus servicios porque el personal ha sido reclutado para acudir a los actos proselitistas”. Recordó que el trabajo administrativo “se atrasó muchísimo con la medida del Ejecutivo de reducción de la jornada laboral (entre febrero y junio pasados) en el sector público por la crisis eléctrica”.
Un funcionario contó: “Hasta ahora en el ministerio me habían exceptuado de las marchas porque tengo una discapacidad física. Para mi sorpresa, el miércoles me comunicaron que debía acudir a la concentración en la Plaza Morelos en respuesta al paro cívico de la oposición”.
Otra trabajadora que está de vacaciones indicó que luego de esperar semanas por el préstamo solicitado a la caja de ahorros del organismo: “Me llamaron justo ayer para retirar el cheque advirtiéndome que no podían entregarlo otro día”.
El coordinador de la Federación Nacional de Trabajadores del Sector Público, Serbando Carbone, informó que el gobierno debe cancelar 105 días de aguinaldos a los funcionarios activos y jubilados, como lo dispone el contrato marco firmado por el presidente Nicolás Maduro en octubre de 2015. Señaló que Maduro no aclaró este punto en su alocución del jueves, lo cual causa preocupación en los empleados que temen les paguen solo 90 días de aguinaldos.
FUENTE: EL NACIONAL
29 DE OCTUBRE DE 2016