Maquilladas en los partes oficiales con un nombre, “enfrentamiento”, se presentan las cifras de asesinatos ejecutados por los cuerpos armados estatales en Venezuela.
Bolívar no es excepción y en marzo se demostró: el Observatorio de Ejecuciones Extrajudiciales, dependiente de Comisión para los Derechos Humanos y la Ciudadanía (Codehciu), publicó su sexto informe, en el que detalla que durante el tercer mes de 2019 fuerzas estatales asesinaron a 35 personas en el estado Bolívar.
“Con presuntos enfrentamientos, con ajusticiamientos y con privados de libertad que mueren estando bajo la custodia del Estado continúa la vulneración de los derechos a la vida, a la integridad física y al debido proceso en la región”, detalla la ONG.
De acuerdo con el observatorio, “este ha sido el mes más violento con este tipo de muertes en lo que va de 2019”. Y añade un dato: desde abril del año pasado, el observatorio ha registrado 116 asesinatos perpetrados por el Estado.
“De estas 35 víctimas en marzo, una es mujer. Otras dos de las víctimas masculinas fueron privadas de libertad y murieron bajo la custodia del Estado. El observatorio lleva a cabo su trabajo siguiendo lo que explica el Protocolo de Minnesota, documento internacional que describe procedimientos para investigar crímenes de lesa humanidad vinculados a ejecuciones extrajudiciales”, apunta.
El documento añade que “estos presuntos enfrentamientos, en varios casos, incluso son desmentidos por los familiares de las víctimas”.
El sexto informe resalta como parte de las conclusiones que el sur de Bolívar es hoy uno de los más cruentos del país, especialmente en los municipios El Callao, Roscio y Sifontes.
El total de ejecuciones extrajudiciales en los primeros tres meses del año es de 60: “Los primeros dos meses de 2019 sumaron 25 víctimas de muertes potencialmente ilícitas (12 en enero y 13 en febrero)”.
“Estas muertes demuestran que es importante que el Estado desarrolle programas de formación en materia de Derechos Humanos y concretamente sobre ejecuciones extrajudiciales, a fin de educar y sensibilizar a los funcionarios públicos ante las reiteradas violaciones en el estado Bolívar”, concluye.
Con información de Crónica Uno