La directiva de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro emitió al Ministerio de Trabajo 500 solicitudes de calificación de despido a su personal por discriminación política y la reducción arbitraria de la nómina, denunció Marcela Máspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores.
Máspero dijo que el ministro de Industrias Básicas, Juan Arias, ha señalado que hay un exceso de personal en la nómina de la acería. Sin embargo, advirtió que esas calificaciones de despido se concretaron principalmente en dirigentes sindicales y trabajadores críticos al gobierno, además de aquellos que firmaron para el referéndum revocatorio.
La sindicalista refirió que Unete ha recibido denuncias de amenazas de despido contra empleados que firmaron para apoyar el referéndum con el fin de revocar el mandato del presidente Nicolás Maduro e indicó que la situación se presenta en las otras empresas básicas de Guayana tales como Ferrominera del Orinoco, Alcasa y Venalum.
“La ola de despidos en el sector público y privado se ha generalizado tanto los últimos meses que las Inspectorías del Trabajo están colapsadas para atender a los trabajadores expulsados de organismos y empresas que demandan el reenganche a sus puestos de labor”, refirió Máspero.
Destacó que otros 20 funcionarios calificados y con muchos años de servicio de la aseguradora estatizada Seguros Federal fueron despedidos por respaldar el revocatorio, a lo que se suman otros 20 trabajadores de la Corporación Eléctrica Nacional.
Máspero destacó que en Abastos Bicentenario 1.500 trabajadores fueron despedidos con la excusa del cierre, pero la razón de fondo es que el gobierno no acepta que estén organizados en el sindicato, que data de antes de la nacionalización de la empresa privada CADA. “Esa misma premisa se aplicó a 500 trabajadores expulsados de los centrales azucareros”, sostuvo.
La sindicalista rechazó la actitud condescendiente del despacho del Trabajo hacia las empresas privadas cercanas al gobierno al fallar a favor de sus solicitudes de despido de personal y desechar las demandas de reenganche de los trabajadores.
FUENTE: EL NACIONAL
10 de septiembre de 2016